Cuenta una versión de la historia que, en 1665, Luis XIV pronunciaría ante el Parlamento de París, la frase con la que sería recordado por los siglos de los siglos: “El Estado soy yo”. Con esas palabras el Rey sentenciaba no solo su autopercepción sino su visión absolutista del gobierno, en la que nada ni nadie podía someter al monarca y a su poder absoluto. Qué iba a imaginar el Rey francés que casi 400 años después su célebre cita se convertiría en la fuente de inspiración de un gobernante en un pequeño país de Suramérica. Sí, hablamos de Colombia y sí, para variar en esta columna, hablamos de Gustavo Petro.
Corriendo el 2024 y después de alrededor de 250 años de vigencia de las ideas legado de la Ilustración que establecieron la igualdad ante la ley como base del Estado Derecho, el presidente de Colombia se atreve a desafiarlas: No obstante haber resultado elegido gracias al modelo democrático, herencia también de los mismos ideales de la Ilustración, Petro desconoce la validez de esos postulados, cuando de establecer control a sus ímpetus autócratas se refiere.
Tras una victoria cuestionada por violentar los topes establecidos por la ley colombiana, el mandatario desafía la división y el equilibrio de poderes y reclama la supremacía de su cargo. Asume Gustavo, que nadie está por encima del Presidente de la República, como si se tratase de figura omnipotente en la institucionalidad del país.
Así son las cosas: Faltan pocos días para que el Consejo Nacional Electoral resuelva sobre el caso que, de seguir tramitándose en derecho, constituiría causal para que el Congreso adelante investigación al presidente y lo aparte de su cargo por indignidad, según lo dispuesto por el artículo 109 de la Constitución Colombiana y la Ley 996 de 2005.
Al presidente Petro, como era de esperarse, poco o nada le han gustado los avances que se vienen surtiendo en su caso, particularmente el último concepto al respecto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado que dice que el CNE es competente para investigar violaciones a topes de financiación de campaña. Prueba de eso, sus últimos trinos en los que inspirado en Luis XIV, no acepta que el máximo juez de la administración pública “lo despoje de su fuero integral Constitucional” desconociendo el sistema de pesos y contrapesos.
Sea este el momento para recordarle al presidente -quién siendo senador sostenía que “un demócrata siempre respetará la decisión del juez”- que nadie lo está despojando de su fuero integral pero que, en un Estado de Derecho, todos estamos sometidos al Imperio de la ley.
También recordarle que aunque él no es abogado, debería conocer que en su caso por violación de topes o financiación ilegal de campañas, cohabitan 3 tipos de procesos diferentes pero interconectados: 1) El administrativo, que es el que se está surtiendo frente al CNE, 2) El político que es el que se derivaría en caso de que el CNE encuentre que la campaña violentó los topes y el proceso pase al Congreso donde se le debería adelantar un juicio por indignidad para apartarlo de su cargo y 3) El penal, que se surte ante la Corte Suprema de Justicia en el evento de que se considere que el presidente cometió un delito.
De todas formas y en cualquiera de los tres casos, al presidente Gustavo Petro se le tienen que respetar sus fueros y como a cualquier colombiano, el debido proceso. Lo dicho no obsta para que, como sostiene la Corte Constitucional, se coordine la competencia administrativa del CNE y el juicio político a instancias del Congreso donde, repito, de demostrarse que haya una violación manifiesta del régimen de financiación, se le debe apartar de su cargo. Eso no es un golpe de Estado, como lo ha insinuado queriendo victimizarse el presidente. Todo lo contrario. Es cumplir con los postulados constitucionales que sostienen el Estado de Derecho. Si Gustavo Petro incumplió la ley debe asumir las consecuencias que la misma ley dispone, porque en este país, todavía, el Estado no es él.
(A la Constitución y la ley, también están sometidos el CNE y el Congreso, esperemos que estén a la altura y que actúen en derecho. Nada más que eso, nada menos que eso).