Hacia inviabilidad fiscal
Indudablemente los que llevan la peor parte con la reforma del régimen de regalías son los departamentos y municipios productores y portuarios, que antes recibían en promedio el 80% de las regalías que se generaban por la explotación de los recursos naturales no renovables como regalías directas y ahora se tendrán que conformar con sólo el 9.79%, esta vez como participación directa. Ello lo dejó muy claro el ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas: “antes el 80% de los recursos iban para los departamentos y municipios productores y ahora el 80% va para el resto del país y el 20% (del remanente) para los productores”.
Claro que para amortiguarles el golpe que se les está asestando se previó una gradualidad, de tal suerte que durante un período de transición que va del 2012 al 2014 recibirán entre el 50% y el 25%, pero del remanente después de proveer de recursos los multifondos creados, esto es 22.2%, 15.5% y 11.1%, respectivamente, del total de los recursos del SGR.
Cuando el Ministro de Hacienda afirma que de los $ 9.1 billones del presupuesto del SGR para este año le corresponderán a las entidades territoriales productoras y portuarias como “regalías directas” la suma de $ 3 billones está sumando peras con manzanas. De acuerdo con el Acto Legislativo, una cosa es la participación directa y otra son las asignaciones en los multifondos de los cuales participan también dichas entidades; mientras aquella la pueden apropiar en sus presupuestos, estas últimas son sólo unas subcuentas en los distintos fondos. Esta es la diferencia entre asignación y apropiación, que es más que semántica; no confundamos entonces la gimnasia con la magnesia.
Para los departamentos y municipios productores y portuarios esta reforma va a causar una crisis sin precedentes, que los puede abocar a una inviabilidad fiscal, toda vez que ninguno de ellos cuenta con otra fuente de recursos propios con los cuales puedan suplir los que le están quitando. Y, lo que es peor, se quedarán ellos con el 100% del impacto ambiental, económico y social que conlleva la explotación de los recursos del subsuelo que, aunque este sea ajeno, están en su territorio, amén del desplazamiento de la actividad agrícola por la minería y la explotación de hidrocarburos. Su crisis fiscal, entonces, es inminente.