¿Adiós a la ONU?
La “internacionalización” de la problemática de seguridad colombiana -el conflicto armado, o la amenaza narcoterrorista, como quiera que la hayan querido denominar los distintos gobiernos-, fue al mismo tiempo un fenómeno y una estrategia. Fenómeno en cuanto manifestación de la forma en que la dinámica de la confrontación entre el Estado y los grupos armados ilegales fue evolucionando a lo largo de la década de 1990, haciéndose cada vez más violenta, indiscriminada y letal. Esa evolución ofrecía un dramático contraste con lo que ocurría en Centroamérica, donde finalmente se suscribieron acuerdos de paz que permitieron la terminación de los conflictos que habían desangrado la región. El nexo creciente entre autodefensas y guerrillas con el narcotráfico, y su ensañamiento con la población civil; el involucramiento de agentes estatales con la contrainsurgencia ilegal; el desplazamiento masivo; todo ello fue llamando cada vez más la atención de la comunidad internacional que puso entonces su ojo avizor sobre el país mientras éste se deslizaba por la pendiente de los Estados fallidos. Y también fue una estrategia: de los gobiernos (para obtener legitimidad o recursos), de los actores armados ilegales (para hacerse a su propia cuota de lo uno y lo otro, y para generar presión sobre el Estado desde afuera), e incluso de actores sociales diversos (las víctimas del secuestro, líderes políticos, los sindicatos, comunidades enteras incluso) para defender sus intereses y agendas específicas frente a los actores armados.
El establecimiento en Colombia de una oficina permanente del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos fue síntoma y consecuencia de ese proceso de internacionalización. Y no cabe duda de que si la situación no se deterioró aún más, a ello contribuyó la observancia y la presión internacional. Igual puede decirse de los avances reales y efectivos que ha hecho el país en esta materia, a pesar de que aún persistan algunos factores de riesgo y esté todavía por resolverse más de un episodio lamentable.
Desde el principio el gobierno Santos mostró su interés en “des-internacionalizar” el conflicto. Hay condiciones que apuntalan y favorecen esa aspiración. Por otro lado, esa oficina de la ONU no puede permanecer eternamente en Colombia: ese sería su mayor fracaso. Además, el país no es el mismo de 1997. No se puede desconocer lo que se ha hecho y logrado hasta ahora en materia de derechos humanos. Pero en perspectiva hay todavía mucho por hacer, de cara al posconflicto, por ejemplo. Y por lo tanto, tal vez es demasiado pronto para decirle adiós.
*Analista y profesor de Relaciones Internacionales