Un año después

Hace  prácticamente un año que la Corte Internacional de Justicia profirió la sentencia de fondo que puso término -al menos en La Haya- a la controversia territorial y marítima iniciada por Nicaragua contra Colombia en 2001.  En 2007, al pronunciarse sobre las excepciones preliminares, la CIJ rechazó las pretensiones nicaragüenses sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y confirmó la validez del tratado Esguerra-Bárcenas. Al mismo tiempo declaró tácitamente lo que todo el mundo supo desde siempre:  que dicho tratado no podía considerarse un tratado de límites, y que el meridiano 82 -mencionado sólo en las notas de canje y no en el texto del tratado mismo- nunca fue más que una línea de referencia; y que por lo tanto, entraría a delimitar las áreas marinas y submarinas entre ambos Estados.

Y eso fue exactamente lo que hizo en 2012:  fijar un límite allí donde no lo había. Además, confirmó la soberanía colombiana sobre el archipiélago -si bien enclavando las formaciones de Quitasueño y Serrana-, y le otorgó derechos sobre el 65% del Caribe Occidental. ¿Qué ha pasado desde entonces? El país fue presa inmediata de la retórica inflamada y patriotera del “despojo”. Una cacería de brujas pareció desatarse para encontrar al culpable: el equipo de la defensa colombiana ante la Corte, la Corte misma (acusada por la canciller Holguín de “enemiga” de los sanandresanos), hasta el Pacto de Bogotá denunciado a la postre. De repente, la sola lectura del fallo provocó una crisis humanitaria y económica en las islas, que el buen Gobierno solventó rápidamente con mermelada y subsidios que tuvieron efectos milagrosos, pues multiplicaron exponencialmente el número de pescadores artesanales y por pura lógica económica casi acaban con la actividad misma. Proliferaron los expertos, los internacionalistas:  cada uno jugando a Casandra; y la senadora Moreno Piraquive se convirtió en publicista sin saber qué es eso.  Finalmente se anunció una estrategia integral, que incluye recurrir a una acción de inconstitucionalidad para controvertir la sentencia de la CIJ.

Luego vinieron las teorías de la conspiración: la jueza china, el canal, el documento secreto.  Los rusos, los sobrevuelos. La alianza entre Managua, Caracas y Moscú en contra de Colombia, convertida en campo de juego de la política mundial y atenazada por sus vecinos -con la complicidad de chinos y rusos- ante el silencio decadente de Washington.  Y tanta cosa y tanto ruido para que en la práctica el fallo de marras haya venido cumpliéndose, como tiene que ser, desde el primer momento. 

*Analista y profesor de Relaciones Internacionales