¿Con la democracia?
Acaba de entrar en vigorel “Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) sobre compromiso con la democracia”, suscrito en Georgetown (Guyana) el 26 de noviembre de 2010, luego de que Uruguay depositara el noveno instrumento de ratificación ante el gobierno de Ecuador el pasado 18 de febrero.
El Protocolo de Georgetown fue la respuesta de los Estados suramericanos a los incidentes ocurridos en Quito el 30 de septiembre de aquel año, cuando con ocasión de una reforma a la Policía se produjo un grave amotinamiento contra el presidente Rafael Correa. El episodio fue, por fortuna, rápidamente superado; entre otras cosas, gracias a una oportuna intervención de Unasur promovida por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos.
Este “compromiso con la democracia”desarrolla el principio ya consagrado en el Tratado de Brasilia, según el cual “la plena vigencia de las instituciones democráticas y el respeto irrestricto de los derechos humanos son condiciones esenciales para la construcción de un futuro común de paz y prosperidad económica y social y el desarrollo de los procesos de integración entre los Estados Miembros”. En ese sentido, el Protocolo de Georgetown establece el procedimiento que debe seguirse “en caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático o de cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder y la vigencia de los valores y principios democráticos”.
Merece la pena destacar un conjunto de medidas que pueden ser adoptadas por el Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno de Unasur contra el Estado miembro en donde se haya producido la ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático: su suspensión de la organización, el cierre total o parcial de fronteras (incluyendo la suspensión del comercio, las comunicaciones, el tráfico aéreo o marítimo, la provisión de energía, etc.), promover la suspensión del Estado afectado en otras organizaciones internacionales o foros multilaterales, entre otras sanciones políticas y diplomáticas adicionales.
Québueno fuera que este régimen democrático suramericano, heredero del régimen democrático interamericano construido en el hemisferio durante la década de 1990 y a comienzos de siglo (y que tanto contribuyóa la consolidación democrática), sirviera en verdad a los propósitos que lo inspiran, en lugar de emplearse para validar como democráticas conductas que no lo son, al amparo de una sacralización fetichista de la investidura popular de los gobernantes. Québueno fuera que se aplicara ahora a Venezuela, del mismo modo que se aplicóa Paraguay, tan arbitrariamente, cuando el Protocolo aún no estaba vigente.
*Analista y profesor de Relaciones Internacionales