Durante las fiestas lupercales del año 44 a.C., la república romana vivía bajo un cruel autoritarismo. Julio César ejercía la función de dictador vitalicio, otorgada por un senado monopolizado por sus seguidores. Sin embargo, aún no había roto el mayor tabú de la Roma Republicana; no se había declarado rey. Aquel 15 de febrero, frente a las multitudes de la capital, Marco Aurelio se acercó a la tarima de César y le ofreció una diadema real. Ante el silencio preocupado de la ciudadanía, César la rechazó, declarando que el único rey de Roma era el dios Júpiter.
Este episodio nos recuerda que los tiranos en potencia no siempre declaran sus intenciones abiertamente, sino que las someten a la prueba de la opinión pública mediante sus alfiles y peones. Así debemos interpretar la reciente afirmación de la Senadora Isabel Zuleta de que el petrismo sí busca la reelección, así como la propuesta del expresidente de la cámara, David Racero, de ampliar el mandato presidencial más allá de sus límites constitucionales. Así debemos interpretar la invitación del senador Wilson Arias a las guerrillas totalitarias para apoyar al gobierno petrista en caso de su legítima destitución. Así debemos interpretar los intentos de socavar la legitimidad de la constitución a partir de una lectura errada del proceso de la Habana.
Por el bien de la República, debemos asumir que el objetivo final de Gustavo Petro es centralizar el poder en Colombia y establecer una dictadura al estilo de Venezuela o Nicaragua. Por ende, cualquier entrega de poder al presidente o sus allegados puede ser aprovechada para ese fin.
El año 2025 será crítico. El Senado elegirá un nuevo procurador en enero y los reemplazos de cuatro magistrados de la Corte Constitucional entre febrero y septiembre. Estos nombramientos provendrán de ternas elegidas por el presidente, la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Cada uno de ellos tiene el potencial de reducir el control político que hoy ejerce nuestro aparato institucional para limitar el poder presidencial. Siendo así, la Corte Suprema y el Consejo de Estado deben nominar candidatos firmemente comprometidos a nuestras instituciones, y el Senado debe elegirlos sin vacilaciones.
Por otro lado, si Petro permanece en el poder hasta el 2026, no habrá corte ni legislatura que nos pueda garantizar la independencia del Banco de la República, el mayor logro de nuestra institucionalidad económica en los últimos cien años. La junta directiva del emisor está conformada por siete miembros, de los cuales dos ya corresponden a nombramientos del presidente Petro. En enero del 2025, el mandatario podrá designar dos miembros más, logrando así una mayoría. En ese escenario, posiblemente podrá darle órdenes al banco central, como ha pretendido a lo largo de su gobierno, subyugando el valor de nuestro dinero y la credibilidad macroeconómica del país a sus intereses políticos.
La única forma de blindar totalmente nuestras instituciones y comenzar a repararlas es mediante la destitución constitucional del presidente antes del 2025. Mientras permanezca en el gobierno, transitamos por la trocha a la tiranía.