“Ganador de prestigiosa terna”

Mientras se multiplicaban en los medios y la opinión pública las especulaciones y las cábalas sobre lo que ocurría en la votación de la Corte Suprema de Justicia, para elegir fiscal general de Colombia, finalmente, lo que parecía tan complejo de lograr, la unanimidad de 16 magistrados, se obtuvo con el nombramiento del abogado Francisco Barbosa, egresado de la Universidad Sergio Arboleda -que orienta Rodrigo Noguera Calderón-, lo mismo que su compañero de curso el presidente Iván Duque.

El hecho mismo de la amistad de los dos egresados de ese prestigioso centro de estudios que fundara Álvaro Gómez, junto con Rodrigo Noguera Laborde y otras valiosas personalidades, facilitó la crucial elección, por cuanto la justicia en Colombia atraviesa una honda crisis, que tiene que ver con el hecho que en algunos sondeos internacionales figuremos entre los países más corruptos del mundo, incluso como los campeones. Rango dudoso que han refutado funcionarios del gobierno.

No se puede negar que la quiebra de la justicia se debe no solamente a los casos de altos magistrados y jueces o fiscales envueltos en escándalos, sino a cierta evidente inoperancia del sistema. Los juzgados que funcionan en el país en algunos casos tienen atrasos de décadas, que determinan que los más escandalosos delitos y otros menores queden en la impunidad. Sin contar que muchos procesos judiciales se incuban por la manía de judicializar la administración pública e incluso la política, por lo que varios de esos pleitos que congestionan los juzgados se podrían haber arreglado mediante la conciliación. En otros casos, en evidente que teniendo jueces y funcionarios incorruptibles que cumplen sus funciones a cabalidad, unos cuantos codiciosos empañan el buen nombre de excelentes servidores públicos. Lo que no reconocen los estudios que miden el comportamiento de los funcionarios públicos, entre los cuales se cuentan elementos capaces y de la mejor catadura moral.

Entre las innovaciones de la Carta de 1991 para fortalecer la justicia se crea el Consejo Superior de la Judicatura, el cual tiene a cargo lo relacionado con la administración de la Rama Judicial. Esto implica enormes responsabilidades, como determinar el número de jueces que tendrá el territorio nacional de acuerdo con la cantidad de los habitantes, en la actualidad 65 por cada 100.000 habitantes, así como acordar el presupuesto con el que se cuente para el año fiscal. Según cifras oficiales en Colombia tenemos 416 juzgados municipales de control de garantías, 251 juzgados penales de conocimiento, 151 juzgados de ejecución de penas y 668 juzgados civiles municipales con diferente competencia.

Como la tutela opera en casi todos los procesos, incluidos los fallos, fuera de los recursos que establece el sistema para seguir los procesos, tenemos que los laberintos de Kafka se repiten de manera exponencial en nuestro sistema judicial, pleitos que nunca terminan y casos que se eternizan en los anaqueles judiciales y ahora en los ordenadores. Así como la impotencia de los buenos funcionarios atascados en atraso de varios años de la Fiscalía y del sistema judicial.

La Constitución establece que los ciudadanos tienen el fundamental derecho a la justicia, incluidos los que se ven envueltos en investigaciones por cuenta de la Fiscalía, por lo que el atraso también se ve en ese ente creado en gran medida por la insistencia y persuasión de Álvaro Gómez, quien  desde años antes de que Cesar Gaviria convocara a demoler la Constitución de 1886, tenía esa idea en mente para agilizar la justicia, en especial para combatir a las mafias que por esos años asesinaban magistrados y jueces, incluso hasta incendiar el Palacio de Justicia donde fueron inmolados notables magistrados, funcionarios públicos, litigantes y ciudadanos inermes.

Siendo Álvaro Gómez el padre de la Fiscalía, que hoy tiene cerca de 30.000 funcionarios y que ha dado cuenta de numerosos criminales, mafiosos y elementos poderosos que violan la ley, resulta sorprendente que pese al interés que varios fiscales generales han manifestado por esclarecer ese magnicidio, el mismo siga en la impunidad. Hasta el presidente de la República Iván Duque, ha pedido a la justicia que el caso se declare como un delito lesa humanidad, sin que el asunto avance como se debe. Corresponderá al nuevo fiscal Francisco Barbosa, como Duque, alumno de Álvaro, esclarecer ese magnicidio como un homenaje a su maestro y gran estadista colombiano.

Pocas veces una terna tan equilibrada y con elementos de tal prestancia y reconocimiento nacional se presentó por el gobernante a la Corte Suprema de Justicia. Clara María González, secretaria jurídica de Palacio; Francisco Barbosa, consejero para los derechos humanos y Camilo Gómez, director de la Agencia Jurídica del Estado reunían notables y similares condiciones de experiencia, pulcritud administrativa e idoneidad profesional. Por esa evidente condición de terna de funcionarios sin tacha y de reconocido prestigio profesional, era más complejo para los magistrados escoger al Fiscal.