Legislando con pasión

Ante el atroz crimen de Rosa Elvira Cely, el Congreso se mueve a promover una norma contra los violadores; el Senado vota y aprueba que los deudores de estratos 1, 2 y 3 no pagarán intereses en sus deudas del Icetex; y en la misma semana se incluye en el Marco para la Paz un parágrafo que dice que cuando se dé la paz el gasto militar debe destinarse a gasto social. Las 3 iniciativas, nobles sin duda, tienen una debilidad técnica tan grande que hace que sean inviables.

La violación es un crimen desde hace muchos años en Colombia y no por hacer una ley este delito se va a reducir; al igual que la solución no sólo es enseñar a las mujeres que no las violen o maltraten, sino educar al hombre para no hacerlo.

Decir que las personas que adquieren una deuda con el Icetex y que viven en estratos 1, 2 y 3 no pagarán intereses de sus créditos, causando que el Estado y las personas de estratos 4, 5 y 6 deban subsidiar estos costos; donde más allá del rol de la necesidad innegable de educar a las personas con baja capacidad adquisitiva, la norma es torpe porque causa trampas de ingreso: una persona puede mantenerse viviendo en estrato 3 para no pagar los intereses y cuando los pague cambiar de estrato, donde obviamente el estrato no define el nivel de ingresos de las personas ya que es una clasificación predial y no de riqueza o ingreso; así muchas personas con bajos ingresos que tienen una vivienda en estrato 4 no se verán beneficiados y aquellos que tengan un buen ingreso pero vivan en el campo no pagarán los intereses.

En el Marco para la Paz se vincula un componente inesperado y equívoco. Se aprobó que cuando se firme la paz con los grupos armados, los recursos para la guerra se deben dedicar para gasto social, porque sin guerra no hay que tener tanto pie de fuerza, lo cual es una premisa equivocada porque el mundo entero ha demostrado que es necesario mantener la misma cantidad de tropa para asegurar por lo menos 20 años los territorios del conflicto y evitar los rebrotes de los grupos armados. En adición, lo que hace ese “articulito” es definir vigencias futuras y obviamente eso es fiscalmente irresponsable e inconstitucional.

Es momento que el Congreso comprenda que la legislación no es hacer cosas populares y con la cabeza caliente por los temas de momento.

Colombianada. ¿Si la Corte Constitucional dice que una ley o un artículo es inexequible, quién es responsable y cuál es su castigo?

@consumiendo