Los indígenas se convierten en un problema cada día más grave ya que  no sólo han logrado que la legislación colombiana no se les aplique en grandes extensiones del territorio nacional, sino que, con base en cualquier pretexto, por ejemplo el encuentro de una olla de barro, tratan de extender el territorio que reclaman. Lo que es un grave delito en una sociedad civilizada, para ellos es “práctica tradicional” no sujeta a castigo, como abandonar para que mueran a los gemelos pues los consideran una “equivocación de la naturaleza,” hijos de mal espíritu. La ablación del clítoris es práctica común para privar a las mujeres de sentir placer, mutilación que es causa de muerte para muchas niñas y según la OMS “produce dolores intensos, hemorragias, tétanos, infecciones, retención de orina y lesiones de los tejidos.”

Con alguna frecuencia se secuestra a miembros de los cuerpos armados, algunos son sometidos a latigazos, sin que haya castigo para los culpables, con la excusa de la autonomía de la jurisdicción indígena. La ley del talión, que llaman “venganza de sangre”, ha sido condonada. El cepo es otro castigo indígena.

Para que la fuerza pública pueda ingresar a resguardos indígenas, necesita “permiso” de las comunidades respectivas y se presta a refugio de delincuentes como “Gonzalo Porras” de las Farc. Todo esto es cobijado bajo la llamada jurisdicción especial indígena, la que permite la violación de muchos principios del derecho humanitario ante un Estado tolerante. Esta pasividad oficial hacia las acciones ilegales, que tiene un ejemplo grave en su actitud ante las Farc, conduce a que cualquier inconforme quiera hacer valer sus pretensiones por las vías de hecho. Recientemente este fue el caso del paro campesino y el de los camioneros con importantes consecuencias negativas para la economía.

Ahora los indígenas vuelven a la carga. Desde el 30 de mayo los Uwas bloquearon la planta de gas de Gibraltar de Ecopetrol en Toledo (N. de S.) desabasteciendo parte de Santander, impiden la reparación del gasoducto y secuestraron (que ahora es tolerada retención) por 23 días a 19 empleados. Días después ingresaron en la planta, con gran riesgo de explosión, lo que, dicen, no les preocupa. Piden muchas cosas, entre ellas incluir dentro de su resguardo el terreno de la planta como “territorio ancestral,” entrega de varias fincas “invadidas por Ecopetrol”, el parque del Cocuy, etc. Para negociar piden la presencia de seis ministros, el presidente de Ecopetrol; el Defensor Nacional del Pueblo, el Procurador, los gobernadores de Arauca, Norte de Santander, Santander, Casanare y Boyacá y varios directores de entidades oficiales. No sabemos por qué no piden la asistencia del presidente Santos. Si fue a hablar con Timochenko, tal vez vaya a hablar con los Uwas.