Carlos Holmes Trujillo G. | El Nuevo Siglo
Domingo, 2 de Agosto de 2015

“Hora de leer el estado de la opinión”

POSICIONES SÓLIDAS

Dos acuerdos fundamentales

 

LOS  resultados de la más reciente encuesta Colombia Opina son contundentes.

Se trata, desde luego, de la fotografía de este momento, pero los mensajes que se desprenden de esas cifras trascienden la coyuntura, e indican que los colombianos tienen posiciones muy sólidas acerca de algunos temas.

El 69% expresó su pesimismo sobre las conversaciones en La Habana; 90% se manifestó a favor de que los miembros de las Farc que se desmovilicen paguen cárcel por sus delitos; 74% rechaza su participación en política; 80% no cree que las Farc van a cumplir el cese unilateral que declararon; 72% dijo estar en contra del desescalamiento anunciado por el Gobierno; 71% desaprueba el manejo que el Presidente le está dando al asunto de la paz y el 63% considera que la oposición que pide más condiciones para el adelantamiento del proceso es negativa.

Lo anterior es una evidencia más de que la gran mayoría de los colombianos quiere la paz pero no a cualquier precio.

Indica, también, que para creer en la verdadera voluntad de las Farc reclama hechos que le hagan posible tener credibilidad en las posibilidades de las conversaciones.

Y es un nuevo mensaje acerca de que la paz sostenible requiere que haya justicia.

Así opinan y sienten los ciudadanos.

Se equivocan de cabo a rabo, entonces, los voceros de las Farc cuando desestiman los estudios de opinión, con el argumento de que ellos son el resultado de las manipulaciones sesgadas que hacen los medios de comunicación.

Lo que sucede es que la gente no acepta que se converse al mismo tiempo que esa organización hace terrorismo y rechaza el homicidio, la siembra de minas antipersonales, el secuestro, las masacres, el reclutamiento de niños, los crímenes sexuales, la voladura de oleoductos y torres de energía, los daños a la infraestructura, la extorsión y todas las amenazas a las poblaciones.

En fin, el pueblo condena la criminalidad, cree que quien comete delitos debe ser castigado por ellos, y está dispuesto a apoyar, sobre la base de esas premisas sencillas y básicas, que el Estado haga esfuerzos  políticos, de la mano de la acción legítima de sus fuerzas, para conseguir que se viva en paz en el país.

Las Farc no lograrán que la nación les crea lo que dicen si las palabras no están respaldadas por los hechos.

Como tampoco aceptará la tesis de que todos los delitos los han cometido en ejercicio del derecho legítimo a la rebelión, con la cual pretenden lograr la impunidad total.

Timochenko debe tener claro que, formalmente, está negociando con el Gobierno, pero que, en realidad, serán los colombianos quienes le den la bendición a lo que eventualmente se acuerde.

Y ese visto bueno no se recibirá si se firman papeles que vayan en contravía de lo que la gente quiere y reclama.

En este orden de ideas es necesario construir una posición nacional sobre dos temas fundamentales: la verificación del cese unilateral de las Farc para que éste sea creíble y los mecanismos de justicia.

El empeño debe dirigirse a concertar una propuesta de los distintos sectores en estas materias para presentarla a las Farc en la mesa de La Habana.

Lo primero permitiría que se pueda seguir conversando en procura de acuerdos aceptables y lo segundo les daría sostenibilidad.

Es hora de leer bien el estado de la opinión nacional y de actuar.

El Gobierno tiene la palabra.