Inejecutable…

Cuando  se aceptó ir ante la Corte de La Haya se sabía el riesgo que se corría. Estamos ahora pagando por el amilanamiento de nuestra diplomacia y por la falta de sangre Caribe en la defensa del “mare nostrum”

En un foro sobre la demanda de Nicaragua que se realizó en Sept./2003 con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Fundación Buen Gobierno y El Nuevo Siglo, dijimos:

“Si los actos ilícitos no generan derechos, ¿por qué después de la declaración de nulidad e invalidez del Tratado Esguerra-Bárcenas hecha por Nicaragua en 1980, concurrimos a instancias jurídicas a iniciativa de ese país? No aceptar el combate en el campo escogido por el contendor, es sabio consejo de los antiguos guerreros”.

“Si se supone improbable que la Corte pueda declarar la nulidad del Tratado Esguerra-Bárcenas, pero que, en actitud salomónica, podría entrar a delimitar espacios marítimos, ¿para qué correr tal riesgo?”

“En fin, estamos frente a un Estado que viola el “pacta sun servanda”, base esencial del derecho internacional; que desconoce el uti possidetis juris de 1810, fundamento de las fronteras de la América Española; que anuncia que no acatará el fallo de la Corte, si le es adverso. Y frente a ese Estado, siempre con guantes de boxeo, la diplomacia colombiana opta por los guantes de seda. ¿Merece ese trato Nicaragua?”

Luego agregamos:

“… al pueblo colombiano debe informársele adecuadamente de tan trascendental tema; nuestros compatriotas del Archipiélago no pueden ser espectadores pasivos de su propia historia; es necesario oírlos. Sus voces colombianistas de siempre, tienen más autoridad que nuestras propias voces y son la mejor defensa de nuestra soberanía en los mares”.

Lo expuesto en 2003, por quienes no somos expertos, prueba la ingenuidad de los apoderados de Colombia. Es más, la decisión de la Corte en 2007 fue un campanazo y, sin embargo, hubo oídos sordos y se mantuvo casi en secreto el avance del juicio. Eran inaccesibles los guardianes de una soberanía que se perdió en sus manos.

Veamos la contradictoria decisión de la Corte: reconoció que Roncador, Quitasueño y Serrana forman parte del Archipiélago y después los “enclavó” en las aguas territoriales de Nicaragua; ignoró los derechos de pesca de los isleños; permitió que Nicaragua cambiara sus peticiones iniciales y desconoció el tratado entre Colombia y Honduras. Tamaña inequidad hace el fallo ¡inejecutable!

Con la denuncia del Pacto de Bogotá se da un gran paso. Según los entendidos, toca también recurrir a la interpretación del fallo y desarrollar una intensa labor diplomática, inclusive con Nicaragua. Nuestra tradición de respeto a los tratados nos concede gran autoridad. Deben, ahora, primar los altos intereses nacionales y la soberanía histórica que hemos ejercido en el mar Caribe. Ojo: ¡asociar este tema con el proceso de paz es un despropósito!

P.S. La reelección de Alejandro Ordóñez fue una contundente respuesta democrática a la intolerancia desatada de los “tolerantes”.