Vergonzante el episodio ocurrido en la cancha de la Corte Constitucional en que los magistrados -motu propio, sin micrófonos escondidos- reconocen que los expresidentes Santos y Gaviria los llamaron para interferir en desarrollo de la tutela sobre el caso Uribe por las graves irregularidades procesales que la motivaron y que a la postre, por 5 votos contra 4, ganaron los enemigos del último. Y los defensas Ibáñez y Rojas se apartaron del fallo mayoritario que decidió equiparar la indagatoria realizada en la Corte Suprema de Justicia (bajo la Ley 600 de 2000) con una imputación de cargos (en la Ley 906 de 2004). Y se lamentan por tratarse de un grave precedente que afecta las garantías procesales.
Y es que, con esa falla, se ha vulnerado ese debido proceso que la Constitución Política, en su art. 29, ordena aplicar a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas y que también consagra en el art. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y de su mano van involucrados el derecho a la seguridad jurídica, al acceso a un proceso justo y adecuado, pero también los magistrados “faltones” han cometido penalti contra el principio de la confianza legítima, que deriva de los postulados constitucionales de seguridad jurídica, respecto al acto propio y buena fe, y busca proteger al administrado frente a las modificaciones intempestivas que adopte la administración de justicia, desconociendo antecedentes por los cuales ella habría de regirse.
Pero el accionar de las altas cortes ya tiene jugadas previas sospechosas. ¿Recuerdan los famosos dichos -esos sí grabados- de los delanteros Bustos y Tarquino, rutilantes estrellas del Cartel de la Toga, en equipo con Ricaurte y Malo? “…Hay que tener en cuenta en las decisiones la conveniencia política”. Más claro no canta un gallo: la política está metida en la medula de la justicia y juega en la grama de Santos y del exfiscal Montealegre, espíritus burlones detrás de todas las jugadas contra Uribe.
Post-it. ¿Por qué molestar a los parlamentarios por ausentismo y reducirles su período vacacional? Los críticos quieren que vayan todos los días, que estén en todos los debates, que voten siempre y que, tan pronto juren, pidan la palabra. Diría que si prefieren no ir a una sesión por estar buscando recursos para obras urgentes en su tierra, está bien; si optan por no ir, para quebrar un quórum de una ley injusta o inconveniente, parece razonable. Y quienes los elegimos decidiremos su futuro y los órganos de control dirán si les sacan tarjeta amarilla, roja, o si los castigan con perder el partido por La W.
Si bien son servidores públicos y miembros de una corporación pública no son, técnicamente, empleados ni funcionarios públicos (no son nombrados por ninguna autoridad en un cargo, tampoco son sujetos de carrera administrativa, ni se vinculan a la administración mediante una relación legal y reglamentaria, son elegidos popularmente) y menos son trabajadores oficiales, quienes sí tienen subordinación laboral. No se les remunera por “horas - nalga”, ni se miden por la cantidad de leyes que aprueben (leyes-hombre) como si de allí se desprendiera su eficiencia. Su responsabilidad es puramente política.