Como se esperaba, el Constitucional tumbó el Acto Legislativo reformatorio de la Constitución, que establecía la pena de cadena perpetua para los asesinos y violadores de los menores de edad.  

Llevamos discutiendo trece años, con doce proyectos, que terminaron en la reforma que ahora se vino abajo; se dividió la opinión pública entre detractores y partidarios. Muchos de los argumentos que se expusieron por los primeros, son acogidos en la sentencia de exequibilidad. Se dijo entonces y ahora:

La reforma no es necesaria; bastaba hacer lo mismo que con el tráfico de menores, cuya pena máxima de 60 años, con agravantes, puede llegar hasta los 90. Con ella no se termina esta delincuencia; este mal social se ababa con educación y con una justicia rápida y eficaz. Es la certeza de la pena, y no la agravación de ésta la que disuade al delincuente. Fue puro populismo punitivo. El problema es que el 95% de los casos no es judicializado. El violador no le teme a ninguna pena porque está seguro que no lo van a investigar, sobre todo en este tipo de delitos donde el delincuente es del círculo familiar. Con esta medida no se están atacando las causas que generan la comisión de este tipo de delitos.

El objetivo de la pena debe ser la rehabilitación, pero con la cadena perpetua se renuncia a este principio. En un sistema carcelario como el colombiano, congestionado y saturado, es inmoral aumentar las penas. Nuestro país ha suscrito todas las convenciones de derechos humanos que buscan la reeducación del delincuente y no su maltrato. Era ilusa la revisión a los 25 años para ver si el condenado se ha resocializado. El sistema nuestro no lo permite; quién entra a una cárcel sale peor. Además, se estaba sustituyendo la Constitución con esta reforma. La cadena perpetua es incompatible con nuestro modelo constitucional

Por otro lado, los defensores de la cadena perpetua argumentan:

La finalidad de la cadena perpetua es que no exista posibilidad para la redención de la pena. Actualmente, aunque las penas son altas, se pueden rebajar significativamente, poniendo en riesgo los menores.  La Corte Constitucional, de manera reiterada, ha dicho que la pena para cualquier tipo de delito que tenga que ver con menores debe ser de tal naturaleza que pueda servir de mecanismo disuasivo. Incluso, se ha dicho que este tipo de delitos tienen las mismas características que los de lesa humanidad.

Que la reforma les hace el honor a los miles de menores que han sido violados y asesinados; a las miles de mujeres que han sido maltratadas y abusadas, a las familias que viven de manera permanente el dolor causado por estos criminales.   La reforma es un muro de contención para aguantar este océano de sufrimiento causado por criminales que, cada veinte minutos, son capaces de acabar con la vida de niños en Colombia. Hay que responder a la sociedad con algo más que expresar solidaridad.

Con la caída el debate continúa; ahora en el escenario político, pues se ha anunciado que se acudirá a un referendo o a una constituyente para regresarla. El remedio no está en las sábanas.