Finalmente, algunos países europeos han dejado de actuar como ciegos, sordos y mudos ante los abusos cometidos permanentemente contra los derechos humanos por el gobierno de Cuba.

Por años, se puede decir décadas, las democracias europeas, con muy pocas excepciones, han mantenido un inconcebible silencio sobre el vergonzoso récord de abusos del gobierno de la isla caribeña contra las libertades, aún las más básicas, del pueblo cubano.

Por décadas los europeos, que se precian de ser demócratas y de promover tal estilo de gobierno; han aparentado ignorar la existencia en Cuba de presos políticos, de la represión a la libertad de expresión, en todas sus formas, del total control y dominio del gobierno sobre los medios y sobre el libre albedrío de los ciudadanos, del maltrato constante a grupos minoritarios especiales, como las organizaciones que defienden a los LGTI.

Sin embargo, ¡por fin! esta absurda aberración parece estar cambiando. El miércoles 11 de junio el parlamento sueco voto en contra de ratificar su apoyo al proyecto que pretendía renovar el acuerdo existente entre la Unión Europea y Cuba.

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores de Suecia informó: “El gobierno revoca el proyecto de ley 2017/18:285 acuerdo sobre dialogo político y cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Cuba, por otra”.

El director para América Latina de la organización Civil Rights Defender, Erik Jennische, fue muy claro cuando declaró que, luego de escuchar a los demócratas cubanos, el gobierno de Suecia no ratificaría tal acuerdo.

Para Jennische: “El contenido del acuerdo es muy débil y no demanda cambios en la isla. Cuba podría seguir violando los derechos humanos sin romper los términos del acuerdo. Lo único que pide el acuerdo es un dialogo sobre derechos humanos que se realiza una vez al año y donde es el propio gobierno cubano quien escoge a las organizaciones que participan en él”.

A dicho diálogo, con la complacencia de la Unión Europea, no se había permitido la asistencia de periodistas disidentes, ni representantes de la sociedad civil o activistas independientes. Asistían solo representantes de la UE y del gobierno de Cuba.

¿Por qué no se exige las mismas condiciones democráticas a Cuba que se exigen a otros países centroamericanos? Lamentó Jemmische: “siendo Cuba un país definitivamente no democrático”.

Pues bien, luego de años de conversaciones e intentos frustrados de mediación entre el gobierno y los grupos prodemocracia de la isla: la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, los representantes de los LGBTI y otras organizaciones disidentes, Suecia ha retirado su apoyo a la farsa en que se había convertido dicho acuerdo “humanitario”.

Tampoco ratificaron el acuerdo Lituania, Irlanda y los Países Bajos. ¿Es este un despertar europeo?; ¿finalmente, los europeos han abierto los ojos? ¿Es este un reconocimiento a violaciones bien conocidas, pero que hasta ahora muchos habían optado por no ver ni oír, y permanecer mudos ante ellas?

Inocentemente, muchas democracias han pensado que su aceptación del estatus quo en Cuba llevaría a la isla a un cambio paulatino hacia la democracia. Eso pensó Barack Obama, eso pensó el Papa Francisco, eso pensaron muchos ilusos. Como si no supieran que, con los gobiernos comunistas nada se logra a las buenas.