Los principios generales de derecho enseñan que, en los Estados civilizados (los que tienen un orden jurídico y lo ponen en práctica), los ciudadanos pueden hacer todo lo que no esté expresamente prohibido, y los funcionarios públicos solamente pueden hacer lo que está expresamente autorizado. 

Un eminente abogado florentino, Piero Calamandrei (1889-1956), en una obrilla que todos los abogados deberían leer y estudiar en la facultad que se llama El Elogio de los Jueces, dijo que éstos poseen un “poder mortífero que, mal empleado, puede convertir en justa la injusticia, obligar a la majestad de las leyes a hacerse paladín de la sinrazón e imprimir indeleblemente sobre la cándida inocencia el estigma sangriento que la confundirá para siempre con el delito”. 

Eso es exactamente lo que sucede con la Corte Constitucional que, sin tener facultades para legislar y sustituir al Congreso, ha resuelto legalizar el aborto y, ahora, la eutanasia, convirtiendo al nuestro en un país del crimen, donde se asesina a los nonatos, los más inocentes seres humanos, y a los viejos que ya no son útiles a la sociedad, sin exigir ni siquiera la enfermedad terminal. Pero, para ser justos como deberían serlo los jueces, hubo tres magistrados que votaron en contra de esta última sentencia: Cristina Pardo, Paola Meneses y Jorge Enrique Ibáñez. Esos son los jueces que elogiaba Calamandrei. 

Pero si por la Corte Constitucional llueve, por la Suprema no escampa: la Sala Penal tuvo en sus manos el caso de Uribe contra Iván Cepeda y, por arte de birlibirloque, convirtió la demanda en una de Cepeda contra Uribe. Este tuvo que renunciar al Congreso para librarse de las arbitrariedades de la Corte. Pero los jueces quedaron fastidiados. 

En todo este proceso hay un escabroso testigo que ha perjurado para obtener beneficios prometidos por Cepeda (el demandante original), Juan Guillermo Monsalve, quien tuvo una compañera permanente, Deyanira Gómez (alias “la Chiqui”), exmédica de las Farc, que quiso convertirse en “víctima” en el proceso contra Uribe, pero la decisión del juez que se la otorgó fue revocada por la Sala Penal del Tribunal de Bogotá. Sin embargo, por una tutela que se presentó en la Sala Penal de la Corte (¡qué casualidad!), ésta revocó la decisión del Tribunal para conceder a “la Chiqui” la condición de víctima. De manera que la Corte perdió con la renuncia de Uribe la jurisdicción en el caso y ahora interviene directamente en él a través de una tutela.  

En el caso contra Uribe involucraron también al representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada, el que tuvo que renunciar a su cargo para lograr justicia y no quedar en manos de la Corte. Pero esta vez, por decisión mayoritaria, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema determinó mantener la competencia para continuar investigándolo por considerar que, pese a la renuncia, la conducta presuntamente delictiva por la cual se le investiga tiene relación con su función de congresista, pues habría aprovechado su condición de tal para conservar su liderazgo político (?) y abusar de sus funciones. 

La Corte ha ordenado también investigar a los abogados de Uribe, Víctor Mosquera, Jaime Lombana y Diego Cadena. 

“¿Quién vigila a los que nos vigilan?”, se preguntaba Juvenal (Sátira 6, I. 347) Y nosotros nos preguntamos: ¿Quién juzga a los que nos juzgan? Esta pregunta se queda sin respuesta para los agnósticos y los ateos. Pero para mí, que soy cristiano, la respuesta es: Dios. 

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Coda: el servidor público que profiere una resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, prevarica (art. 413, Código Penal).