En el régimen neoliberal de la propia explotación uno dirige la agresión hacia uno mismo. El trabajador convertido en empresario que se explota a sí mismo, advierte Byung Chul-Han en Psicopolítica.

La paradoja de los contratos de prestación de servicios con los que se engruesa la nómina oficial, se pagan favores de toda índole -políticos, eróticos y familiares- y se esquilma al profesional al que le toca ser amo y esclavo de sí mismo. Por esta razón, celebro con alegría el proyecto de ley presentado por Angélica Lozano con el fin de “contrarrestar la precarización de las condiciones laborales de miles de colombianos”.

Yo sé de qué se trata porque durante ocho años continuos fui parte de las 243.427 personas vinculadas al sector público bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios. Fui además, un número, el de mi contrato: 339, 071, 477, 176, 022, 575, que se renovaba cada tantos meses, luego de entregar una y otra vez la misma carpeta con certificaciones varias y documentos que alimentan la burocracia de papel.

No fui cuota de nadie; yo trabajé toda mi vida en salud pública. Fui investigadora social en el desaparecido Cimder y dirigí el Centro de Promoción de la Salud, un centro de investigaciones de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, lo cual es mérito suficiente para trabajar en el Ministerio de Salud.

Aunque se dice “que en cumplimiento a la Sentencia C-614 de 2009 de la Corte Constitucional, el Ministerio de Salud y Protección Social suscribe contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de manera transitoria y no permanente” yo estuve ocho años seguidos con pupitre propio, sujeción a horario y reporte a jefe.

En 2008 me pagaba una agencia de publicidad. Me quedaron debiendo 17 millones de pesos que no hubo a quién cobrar; para McCann la culpa la tuvo el tubo y para el Ministerio yo no era su funcionaria. En 2009 mis honorarios los consignaba UNFPA; en 2011 y 2012, el Ministerio. En 2013, la OPS. Y desde 2014 hasta el 15 de diciembre de 2016, el propio Ministerio. Pero hubo continuidad.

En 2012 me dio cáncer en el ojo izquierdo. A los tres días de la cirugía tuve que reintegrarme so pena de tener que “interrumpir” el contrato. Nunca tuve vacaciones. En ocho años al Ministerio le dejé el Primer Encuentro Nacional de Salud Pública, creado y llevado a cabo por mí, sin costos para el erario, porque yo movilicé recursos privados para sufragarlo. También la estrategia de movilización social más exitosa que ha habido en América del Sur para la construcción de una política pública de salud, la del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, que está publicada y evidencia mi autoría.

El poder sobre los contratistas es de los interventores. El contratista se queda esperando como en una escena kafkiana a que le pidan papeles de nuevo para armar de nuevo la carpeta que le permitirá ser contratado de nuevo.

A menos que la jefezuela de turno, sin mediar balance de gestión, decida que uno no cabe en la muy atractiva nómina paralela del Ministerio de Salud porque “usted es uribista, me cae gorda y no tiene necesidad”.

Agresividad que convierte al contratista en un depresivo.