Para encabezar, traigo nuevamente la sentencia del Talmud, citada por un distinguido columnista de este diario: “Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados”. Sin duda es nuestra realidad actual, hay que aceptarla, el daño ya está hecho, pero hay que superarla.  Doscientos años de institucionalidad; de ser la Corte Suprema de Justicia  la “columna de hierro” de esta democracia;  incinerada por la mafia y la guerrilla del M-19 en los años 80, asesinados  once de sus magistrados titulares y muchos colaboradores, de  haber adelantado el proceso 8.000, procesado los autores de  la parapolítica y extraditado a todos los mafiosos y paramilitares requeridos; tantos esfuerzos se ven trizados por los acontecimientos, cuando sitúan a algunos de sus ex dignatarios, como posibles protagonistas de casos de corrupción. Ojalá no sea así, y puedan explicar los hechos en que se pretende involucrárseles, por el bien de la República; si no, que sea la misma Corte defraudada la que de ejempló con rapidez y prontitud, derivando las responsabilidades del caso, cuando el Congreso se lo permita.

Era lo que faltaba para que la corrupción rampante que merodea en todas las ramas del poder público llegara a su cenit; ahora hay que pensar en los remedios que este gran mal necesita.  Por supuesto que son reformas estructurales a la forma en que está reglado el ejercicio del poder en Colombia.  El diseño constitucional de la Carta del 91 está haciendo agua desde hace rato. Los lazos que estableció entre la política y la justicia están mostrando nefastos resultados; la contaminación que presenta el sistema por la elección  de altos dignatarios con la intervención de las Cortes ha acercado a algunos de sus miembros a la ambición por tener cuotas burocráticas y a los elegidos a pagar favores  a su electores.   La revisión discrecional de las tutelas también pone en juego oportunidades de actuar atendiendo a intereses particulares y no públicos.

Es necesario un cambio estructural a la rama judicial y también ajustar muchos asuntos en las demás; hay que reformar la Constitución, muchos de los temas que hay que ajustar son de su nivel. El vehículo para adelantar las reformas tendrá que ser necesariamente una constituyente, pues no se ha podido hacer por Acto Legislativo; pues siempre se estrella en los mismos centros de poder que hay que reformar y equivocadamente se invita a los que hay que reformar a  participar en el diseño.  La tesis de la sustitución de la Constitución también se convierte en un obstáculo para adoptar las reformas por la esa vía.

Ya hay quienes se aprovechan del momento crítico, para confundir a la opinión pública, señalando que  todos los políticos y funcionarios del gobierno anterior, condenados  por la Corte, lo fueron por razones políticas. Irresponsablemente se fundamentan en las grabaciones delictuosas del DAS, a una sesión de la Sala Plena, que sacan de contexto, donde se discutía un impedimento de un Fiscal.   Nada tiene que ver, ni temática, ni cronológicamente con los enjuiciados que pretenden beneficiar; la Sala Plena de la Corte no juzga a nadie. No confundir peras con manzanas, que es otra forma también de corromper.