SEPARACION DE PODERES
Corte ejecutiva
DESDE hace ya varios años nuestros jueces decidieron usurpar las funciones de las otras dos ramas del poder público. Legislan y ejecutan. Pobre Montesquieu, quien debe estar revolcándose en su tumba con estos nuevos desarrollos del derecho, que echan por tierra ese fundamento de la democracia que él identificó, la separación de poderes. Desde entonces el Estado debe estar, al menos, dividido entre tres órganos básicos independientes: legislativo, ejecutivo y judicial y cuando cualquiera de estas ramas quiere arrogarse las facultades de las otras, la libertad de una nación peligra.
De nuestras cortes legislando tenemos muchos ejemplos. Ahora tenemos el de la Corte Constitucional arrogándose facultades ejecutivas. A raíz de los problemas que la sequía ha traído a La Guajira, nuestros magistrados decidieron, vía tutela, ordenar al Gobierno que adopte un plan que (nada menos) de manera definitiva, asegure el suministro, acceso y calidad de agua potable para las comunidades indígenas y afrodescendientes del sur del departamento que se han visto afectadas por la escasez del agua y este plan debe ejecutarse en un plazo perentorio máximo de dos años. O sea que nuestros diligentes y ejecutivos jueces han decidido que, a más tardar en el 2018, el Gobierno debe haber solucionado el problema ancestral de La Guajira, además, "debiendo prever un porcentaje adicional de agua que garantice el desarrollo de procesos productivos y permita que los miembros de los pueblos interesados eliminen las diferencias socioeconómicas que existen entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones, identidad y formas de vida".
Nos preguntamos por qué la Corte Constitucional no le fija un plazo al Gobierno para acabar, de una vez por todas, con la pobreza en Colombia y hacer, así, del nuestro un país desarrollado. El presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, John Roberts dijo que “los jueces no tienen como misión resolver los problemas de la sociedad, tal como ellos los ven, sino simplemente decidir los casos que se les someten según las reglas jurídicas.” Los jueces deben dejar la formación de las leyes al legislativo y su aplicación al ejecutivo. Esta invasión de las responsabilidades de los otros dos órganos del Estado no le hace ningún bien al país y lo peligroso es que nuestros gobiernos no se atreven a ponerle el cascabel al gato por miedo a aparecer violando lo que a él se le viola, su independencia.
El problema de jueces legisladores y jueces ejecutivos es de vieja data y ya en 1787 George Washington se quejaba de que “las incursiones de los jueces en áreas de otras ramas del poder público no promueven la estabilidad del sistema político.”