La noche del viernes 13 de septiembre, Jhonier Leal, condenado a 55 años de prisión por el asesinato de su hermano Mauricio Leal y su madre Marleny Hernández, fue trasladado a la cárcel de alta seguridad La Tramacúa en Valledupar. Este movimiento se produjo luego de que la Fiscalía General de la Nación detectara irregularidades durante una requisa en su celda en La Picota, Bogotá.
La decisión del traslado ordenado por la Fiscalía y ejecutado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), se tomó tras encontrar un celular y otros elementos prohibidos en la celda de Leal, lo que motivó la preocupación sobre posibles beneficios no autorizados que podría estar recibiendo.
Según la solicitud de la Fiscalía, las irregularidades detectadas no solo incluían la posesión de un celular, sino también el uso de este dispositivo para realizar llamadas, lo que contraviene las normas penitenciarias. El director del INPEC, coronel Daniel Fernando Gutiérrez, señaló que el traslado se realizó "para salvaguardar la seguridad tanto del interno como del personal del centro de reclusión".
La elección de La Tramacúa, conocida por albergar a algunos de los criminales más notorios de Colombia, como Luis Alfredo Garavito y Rafael Uribe Noguera, responde a la necesidad de garantizar un entorno de máxima seguridad. La prisión, ubicada en Valledupar, es famosa por su riguroso control y las estrictas medidas de seguridad.
Ana Julieth Velásquez, abogada defensora de Leal, expresó su preocupación por la seguridad de su cliente durante y después del traslado. “Es fundamental que se adopten las precauciones pertinentes para asegurar su integridad física y psicológica en todas las etapas, dado el contexto y las circunstancias que rodean su situación”, afirmó Velásquez.
Por otro lado, la defensa de Leal ha criticado el proceso, alegando que el traslado y las recientes revelaciones sobre su conducta dentro de la cárcel podrían influir en la percepción pública y legal del caso. Sin embargo, las autoridades mantienen que el traslado responde a la necesidad de aplicar las normas penitenciarias de manera rigurosa y garantizar la seguridad en el sistema carcelario.