Al momento de escribir este artículo sigue traumatizado el tráfico por las vías que conducen a Cali, Medellín, Villavicencio, Bucaramanga, Boyacá y buena parte de las poblaciones de la sabana de Bogotá. Los cierres llevan más de ocho días. Los alimentos empiezan a escasear por todas partes. Igual sucede con los despachos de oxígeno a las IPS -que en plena emergencia sanitaria- se han mermado en un 50%. Es una situación intolerable que el gobierno de ninguna manera puede seguir permitiendo.

El bloqueo de vías está prohibido por la ley. Hay que comenzar por hacer cumplir esa prohibición. De lo contrario todo concepto de autoridad se va diluyendo lánguidamente.

Salidos del episodio de la reforma tributaria con la renuncia del ministro Carrasquilla y el nombramiento de su sucesor, pasamos a enfrentar un paro nacional que luce más recio que el anterior. El reto para el gobierno es monumental. Las rondas de negociaciones que se están iniciando deben conducir a algo concreto distinto de solo conversar.

Después de los episodios de protesta y vandalismo de la última semana de abril, mayo arrancó con un paro reencauchado. Me llamó la atención que la ceremonia de instalación del comité del paro se inició bajo los acordes de la “internacional” ¿Cuáles son ahora las pretensiones? ¿Son similares a las 100 (que luego se redujeron a 30) planteadas en 2019? ¿O es un pliego de peticiones nuevo? Hay que comenzar por conocer esto.

He revisado las pretensiones del comité de paro en 2019. Su desmesura y desproporción son de tal magnitud que, de ser las mismas ahora, parece bien improbable que en torno a ellas se pueda llegar a acuerdos sensatos. Así las cosas, sería bueno que el gobierno empezara por poner sobre la mesa tres puntos esenciales en los diálogos que se han iniciado en el palacio de Nariño.

Uno, ¿cuáles son los pedimentos empezando por los de los camioneros?  La ley prohíbe el bloqueo de carretera. Esa prohibición hay que hacerla cumplir a rajatabla. Las carreteras hay que reabrirlas cuanto antes. Las fuerzas de seguridad no pueden convertirse en rey de burlas. No debe haber negociación alguna hasta que previamente se despeje el tráfico normal por las vías nacionales. Y debe quedar en claro que si el gobierno se sienta a dialogar esto no significa acceder a todas las solicitudes. Sentarse a dialogar no es sinónimo de asentir a todo. El costo fiscal de esto puede resultar monumental y dar al traste con los buenos propósitos de reencontrar la sostenibilidad financiera.

Dos, hay que definir también, observando lo que han sido las jornadas tumultuarias de los últimos días, si se va a seguir tolerando -contra toda prudencia y en plena pandemia- marchas que son vectores de infección adicional. Es utópico esperar que en ellas se van a observar normas de bio seguridad. ¿Qué derecho prevalece en estas circunstancias: ¿el legítimo a la protesta o el no menos fundamental a la vida y a la salud de la comunidad? Este dilema alguien tiene que dirimirlo y pronto. Aunque puede ser ya demasiado tarde.

Y tercero, en la antesala de los tiempos que se avecinan cabe preguntar: ¿cómo se va a organizar el “diálogo nacional” que con tanto júbilo se ha anunciado para construir colectivamente la nueva reforma tributaria?

La situación financiera del país es muy delicada. Hay que propiciar el diálogo que le faltó a la reforma Carrasquilla, por supuesto. El nuevo Ministro de Hacienda ha hecho declaraciones sensatas. Pero ese diálogo debe conducir pronto a nuevas normas fiscales aprobadas por el congreso que rescaten el escepticismo que empieza a cundir en los círculos internacionales de que Colombia ha perdido la gobernabilidad en materia financiera. No hay mucho tiempo. Estamos a pocas semanas de terminar la legislatura. Y hay que evitar caer en lo que Álvaro Gómez llamó el “Estado dialogante” en el que se habla sin descanso pero que no termina nunca.

Para hacerle frente a la encrucijada fiscal no es válido el procedimiento que se ensayó en el 2019 con el pomposo nombre de la “conversación nacional”. Que sirvió para botar corriente, pero no concluyó en nada. Fuera de arrumar 60.000 propuestas en los anaqueles. En esta ocasión debe prevalecer el pragmatismo y el sentido de urgencia.

PD: los aterradores videos que han aparecido desde Pereira y Envigado muestran algo muy preocupante: que hay grupos termo cefálicos que empiezan a aplicar por propia mano lo que consideran que es justicia: asesinar a sangre fría manifestantes. Presagio de malas cosas.