Jim McGovern es un representante de la extrema izquierda demócrata que quiere que se suspenda la ayuda norteamericana para la policía, lo cual no es de extrañar porque siempre ha sido enemigo del Plan Colombia. El WSJ dijo en 2008 que según el computador de Reyes él era “amigo de hacer negocios directamente con las Farc” y ofrecía ayuda para derrocar al gobierno legítimo de Colombia. Afortunadamente, a pesar de que lleva muchos años en el Congreso, tiene muy poca influencia. Es un “don Nadie” o, como decimos en la jerga bogotana, un chisgarabís.

En cambio, sí debe preocuparnos el comunicado de la Comisión de Paz, un engendro heredado del acuerdo de paz con las Farc, que es presidida por el jesuita Francisco de Roux, un mamerto formado en el Cinep que dirigió programas en el Magdalena Medio, especialmente en Cimitarra, una zona ocupada en aquella época (1995) por la guerrilla. El comunicado, que acaba de hacerse público dice, entre otras cosas, que "la protesta legítima de millones de colombianos y colombianas especialmente jóvenes ha sido reprimida violentamente por miembros de la Fuerza Pública … Acompañamos el dolor de las familias y amigos de quienes han sido asesinados cuando se manifestaban en las calles contra la pobreza, la inequidad, el hambre, el desempleo y la exclusión. Invitamos a continuar en la movilización pacífica por la convivencia y la justicia social como la mejor manera de honrar su memoria.  Los disparos, muertos y heridos en Cali y en otras ciudades, que han sido constatados (¡lo que es falso!) por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, son inaceptables y nos producen un hondo dolor. Esta barbarie tiene que parar… El empleo de armas de fuego por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley es una medida extrema que solo se justifica cuando un presunto delincuente ofrezca resistencia armada o ponga en peligro, de algún otro modo, la vida de otras personas. No se puede criminalizar la protesta pacífica, ni las justas reivindicaciones que se han expresado en ellas… rechazamos la estigmatización y la respuesta violenta del Estado a la protesta social”.

Ni una palabra acerca de los ataques a la Fuerza Pública, no solamente con piedras y palos sino con bombas incendiarias arrojadas directamente contra sus cuerpos, incluso tratando de incinerarlos en el interior de un CAI o en el hotel donde se alojaban. Más de 500 policías han sido heridos y uno vilmente asesinado a puñal. Nada sobre una patrullera que sufrió ataques a patadas e intento de violación a la vista de una multitud enardecida, ni sobre el vandalismo contra la propiedad pública y privada tumbando o dañando estatuas incluyendo la del Libertador. Ni sobre los asaltos a tiendas, supermercados y estaciones de gasolina o los bloqueos que han afectado ambulancias y suministros médicos y la llegada de alimentos y elementos para la purificación del agua. Pero la Comisión de la Verdad se hace la de la vista gorda porque, como a todos los mamertos, lo que le interesa es que haya caos para pescar en río revuelto. Los comisionados ganan 15 millones mensuales pagados con nuestros impuestos.

Mientras tanto, como efecto del paro y mientras el gobierno negocia, S&P rebaja el grado de inversión y a sus más importantes compañías. Todos pagamos el pato.

***

Coda: con una situación económica tan grave, entre Roy Barreras y el magistrado Linares han logrado aumentar, no disminuir como todos pedimos, el número de parlamentarios en el Congreso para las Farc que, sin esfuerzo, tendrán ahora 21 representantes.