Borrachos y sin ley
Lamentablemente se hundió en la Cámara de Representantes la norma que sancionaba con severidad a los conductores borrachos. Es una pésima noticia para ellos mismos, para los peatones y para los demás conductores. Es decir, para los cuarenta y cuatro millones de colombianos, víctimas potenciales de la mezcla atroz de alcohol o alucinógenos con gasolina, que puebla de estrellas negras calles y carreteras del país.
Nadie ignora los riesgos de ingerir licor y, enseguida, conducir vehículos. Y si alguien tuviera idea absurda de negarlos, las estadísticas lo aplastarían de inmediato. Entonces ¿por qué negar la disposición que sanciona a los infractores? Inexplicable. Dolorosamente inexplicable.
Los analistas más suspicaces dicen que el voto en contra se explica por el temor de caer en algún momento bajo sus sanciones severas y quedar señalado con antecedentes judiciales de consecuencias funestas para el futuro, inhabilitantes para entrar al servicio público o agravantes si se acumulan con delitos o contravenciones. Sólo falta que algunos politólogos especulen sobre el afán de los opositores por ganarse el voto de los borrachitos aficionados a conducir automotores con la botella al lado.
Pero el asunto es demasiado serio para tomarlo a la ligera y aun hay oportunidad de enderezar la legislación, sin permitir que las arandelas desvíen la discusión y empantanen unas sanciones cuya demora se refleja en la accidentalidad creciente y un alto número de víctimas fatales.
Si las penas deben cumplirse en cárceles comunes o en casas especialmente acondicionadas, si deben tratarse como delito o contravención, si las pruebas de alcoholemia son obligatorias y en qué momento, si constituyen antecedente judicial, si el pase se cancela en forma automática o sólo después de un trámite agotador, si las multas tienen tres ceros más o dos ceros menos, todo ello es susceptible de unos debates interminables, mientras los estrellones y las muertes siguen y se pierde tiempo precioso en la educación de la gente, para crear una conciencia generalizada sobre el peligro público que representa un ebrio al volante.
Una legislación inmediata es mejor que ninguna. Y puede irse mejorando. Cuando era Juez, el representante Germán Navas Talero mandaba al calabozo por setenta y dos horas a conductores con tragos. ¿Las disposiciones vigentes permiten hacer hoy lo mismo si las autoridades se deciden? Podría, también, comenzarse una nueva etapa con sanciones como trabajo comunitario obligatorio para los infractores que, de paso, fuera ejemplarizante para la sociedad. ¿Qué tal unas horas dedicadas a arreglar parques o limpiar las paredes de edificios públicos? Un escuadrón de enguayabados, escoba en mano, que barra una plaza o una avenida daría una lección multitudinaria sobre el tratamiento de tolerancia cero, cero absoluto, para los bebedores que conducen.
Esta clase de sanción social resultará, sin duda, muy efectiva si se cumple a plena luz y a la vista del público. Más, quizás, que las setenta y dos horas a la sombra de los tiempos del Juez Navas Talero. Sería, por lo menos, un paso en la dirección correcta.