Sigifredo López, el exdiputado de la Asamblea del departamento del Valle víctima del secuestro agravado que perpetraron las Farc en esa Corporación en el mes de abril de 2002 que terminó en una espantosa masacre, ha vuelto esta semana al foco de los medios de comunicación por cuenta de un severo reclamo que le hizo al canal RCN.

El señor López alega que esa casa informativa lo victimizó al comprar y emitir un vídeo con el que se le pretendió incriminar en el hecho criminal de las Farc, junto con la presentación de unos peritos que supuestamente le daban credibilidad a la teoría comprada por el noticiero, sin que nunca haya rectificado públicamente.

El tema que subyace bajo la solicitud del señor López va más allá del mero ejercicio de la libertad de prensa o de la reserva y confiabilidad de y en las fuentes. Compromete, es mi opinión, la responsabilidad de los medios en la construcción y afianzamiento ético de los principios que construyen sociedad.

En una democracia cada medio es autónomo e independiente en el ejercicio de sus tareas informativas. Y parte de esa libertad la ejerce en la forma cómo consigue esa información. Pagar por ella es uno de los temas que siempre genera debate y en este caso lo hubo dentro del propio noticiero. Que se hayan decantado por adquirirlo, es ya toda una posición ética.

Ahora bien, si, como dicen algunas versiones, el vendedor fue un servidor público, el asunto es aún más grave, pues se trata de una conducta delictiva tanto del que “peca por la paga como del que paga por pecar”. Pero el medio no se limitó a comprar, sino que además montó un tinglado para demostrar la utilidad de lo que había comprado en el escándalo con el que pretendía subir sus índices de sintonía.

Un par de peritos, de esos, que lamentablemente abundan en los asuntos judiciales, montaron toda una teoría, que si no fuera por la tragedia que generaron, sería francamente ridícula. Forzando la racionalidad, “comprobaron” al aire que el pedazo de nariz coincidía con la del acusado. Que un fragmento visible de labio, era el de él. Y, para que no quedara duda, el perito era tan perito que además certificó que el único con cara de preocupación durante el trayecto de la buseta que transportaba a los secuestrados era el señor López. Por tanto, era él único que sabía lo que estaba pasando.

Lo más grave no es que un medio de comunicación haya hecho todo eso y lo haya difundido con la fuerza del prestigio de su marca. Lo verdaderamente grave es que los funcionarios judiciales, cuya obligación de conocimiento es de certeza, no de razonabilidad como los periodistas, hayan sustentado el encarcelamiento en semejantes teorías.

Lo trágico es que hoy sigue pasando. El grado de especulación al que pueden llegar algunos peritos es tan absurdo que es francamente delictivo. Y lo es más cuando los fiscales y jueces llamados a controlarlos, los patrocinan.