El 9 de abril de 2018, cuando se detuvo a Jesús Santrich en cumplimiento de una orden de captura internacional, el presidente Juan Manuel Santos dijo haber recibido del Fiscal General pruebas “contundentes y concluyentes” de la participación de Santrich en la conspiración para exportar coca a los Estados Unidos. Ese es un testimonio de gran valor en la controversia que ha suscitado la decisión de la JEP de dejar en libertad al acusado y negar su extradición. El tema ha dado lugar a tremendismos, pero lo cierto es que no hay crisis institucional y no se va a acabar el proceso de paz.

Sin embargo, preocupa mucho el interés en desconsiderar la amenaza que contra la democracia y la vida significan más de 200.000 hectáreas sembradas de hoja de coca. Al mismo tiempo que ese fenómeno se extiende sin control, una gavilla de eminentes ciudadanos concurre a la Corte Constitucional para clamar que se prohíba la aspersión aérea, único método que ha demostrado su eficacia en la erradicación. No me explico la inconsciencia ante tan evidente peligro. Se anuncian marchas por la vida contra el uso de glifosato, como si la coca fuera un maná llovido de los cielos. (Científicos franceses enviaron a su Parlamento un informe en el que piden que se acabe la “histeria contra el glifosato”). El Presidente Duque, con razonamientos juiciosos, solicita que no se le aten las manos al Estado para combatir contra esa realidad descomunal. El no copar las zonas dejadas por las Farc fue un error inexcusable. En ese ítem fracasó el gobierno Santos.

La oposición también se opone a la lucha que ha emprendido Duque contra el microtráfico. Se ignora deliberadamente que la droga está en las puertas y en los recreos de los colegios y que llega a domicilio más rápido que una hamburguesa.

Pero no es la hora de llorar sobre lo mojado. El llamado que ha hecho el gobierno Duque a un gran acuerdo debiera servir para remar todos juntos y derrotar la violencia y la muerte que llevan consigo las más de cien toneladas de coca que salen de nuestros mares. Ese combate hay que emprenderlo con pragmatismo. La pretensión de la legalización mundial de la droga no pasa de ser una noble utopía. La erradicación, voluntaria o forzada, acarrea a diario la muerte de campesinos y soldados. No es difícil entender que, en las tres dimensiones del problema, (producción, tráfico y consumo), la organización, la tecnología, el dinero y las armas de las mafias son más eficaces que las de un Estado acosado por semejante desafío y condenado, como Sísifo, al mismo combate contra un enemigo que renace y crece.

Ante semejante escenario de terror las fuerzas políticas todas, respetando sus diferencias, están obligadas a organizar un frente único contra la droga maldita, que tanto daño le ha hecho y le hará al libre discurrir de nuestra Nación.

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P.S. Resulta paradójico que el instigador de la lucha de clases se tome la vocería de la reconciliación. Y que, quien empuñó las armas contra el pueblo colombiano, señale de guerrerista a Iván Duque, cuya vida simboliza la anti-violencia. La de Petro no fue una declaración, fue una mofa.