¿Explotación o robo a cielo abierto?
Por EDMUNDO LÓPEZ GÓMEZ
Armada de escopeta de regadera, la exdirectora de la Agencia Nacional de Minería, Beatriz Uribe, sindicó a los políticos de Córdoba de haberse robado las regalías que ha producido Cerro Matoso. La versión de esa grave denuncia apareció en la sección 1, 2, 3 del noticiero CM&, en su edición del martes de la presente semana.
Ante tamaña acusación es de suponer que los radares de la Fiscalía, de la Procuraduría y de la Contraloría hayan estado activos, razón por la cual, más pronto que tarde, se llamará a declarar a la por ahora valiente exfuncionaria -que renunció antes de tomar una decisión sobre la prórroga del contrato de explotación de la mina-, para que presente las pruebas en que sustenta sus afirmaciones; y es de esperar, también, que los senadores y representantes cordobeses que promovieron el debate contra la empresa que explota la mina de Cerro Matoso -todos ellos políticos activos- les pidan a las autoridades de control que abran las investigaciones que les corresponde adelantar con ocasión de las gravísimas acusaciones de la mencionada exdirectora de la Agencia de Minería, en cuanto ellos habrían quedado involucrados en tales acusaciones.
En nombre de la moral pública y de los intereses de la Nación, del departamento de Córdoba y del municipio de Montelíbano, debe hacerse plena claridad sobre las afirmaciones de la mencionada exfuncionaria. ¡Eso no puede caer en el vacío!
Con todo, no sería insensato pensar que los hornos de la minera BPH Billiton que procesan el níquel de Cerro Matoso se estén utilizando también para quemar a los congresistas de Córdoba que se atrevieron a sacarle los trapos al sol a la multinacional anglo-australiana, empresa que, de paso sea dicho, ha invadido de publicidad los medios de comunicación, difusión que puede hacer parte de la “publicidad engañosa” a que se refirió la importante comentarista de El Espectador, Elizabeth Ungar en su artículo del 23 de agosto.
Del robo a cielo abierto de las regalías no serían eventualmente responsables sólo las autoridades locales o los políticos -si se les llegare a probar su participación delictuosa en su manejo-, sino también la empresa que las ha venido reconociendo por debajo de las estimaciones de la ley, como lo han sostenido el Gobierno y la valiente contralora general, Sandra Morelli, al ejercer sus funciones de control de advertencia.
Lejos de ello, los beneficios sociales de la explotación de la mina han sido mezquinos y constituido “una burla para el pueblo cordobés”, según palabras del ministro Mauricio Cárdenas.
Es deseable, por supuesto, que de prorrogarse el contrato, se haga en términos nuevos que garanticen que la explotación de Cerro Matoso se desarrolle en condiciones ambientales y económicas óptimas y con sentido de verdadero beneficio social para los pobladores de la región cordobesa.
No se trata, en verdad, sólo de un pleito jurídico por una cláusula endemoniada del contrato, sino de un asunto que linda con la soberanía nacional frente al comportamiento de una empresa extranjera en la explotación de nuestros recursos.