El caso de Jineth Bedoya | El Nuevo Siglo
Lunes, 22 de Marzo de 2021

Voy a hacer una pequeña explicación jurídica en lenguaje para legos: cuando hablamos de procesos judiciales de cualquier índole -nacionales o internacionales, penales, civiles, administrativos, laborales etc.-, lo primero que hay que determinar es si el juez es competente, es decir, si tiene facultades para llevarlo a cabo. Si no lo es, el demandado puede plantear lo que se llama una excepción preliminar de incompetencia para que no sea ese juez sino otro el que decida el caso. Una vez se determina que el juez sí es competente, entra éste a conocer, es decir, a seguir adelante con el proceso, que puede terminar de diversas maneras, según el tipo de proceso de que se trate. En algunos casos la finalidad puede ser obtener una indemnización o la reparación de los daños, lo cual obviamente no se puede determinar si el proceso no ha sido decidido. Son tres etapas bien definidas.

Pues bien, desde hace ya varios años por ilegales modificaciones del estatuto y del reglamento en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde los procesos se llevan a cabo básicamente de forma oral, lo que solía hacerse en tres audiencias se juntó en una sola: se inicia con el planteamiento de las excepciones de incompetencia, porque el caso no puede ser decidido por la Corte o no se han cumplido otros requisitos para que ésta entre a conocer. Pero el tema no se resuelve en la audiencia, sino que se deja para decidirlo en la sentencia final. Y sin haber decidido si la Corte es competente, ésta entra a analizar el fondo, es decir, una Corte que puede ser incompetente entra a estudiar los hechos, recibir testimonios y alegatos orales. Y, sin haber determinado la responsabilidad, entra a estudiar las eventuales reparaciones que se puedan decretar.

Así funciona la Corte actualmente y cabe preguntar: ¿entrar al caso por un tribunal incompetente o, peor aún, analizar las reparaciones sin haber determinado la responsabilidad del Estado, no es un prejuzgamiento?

De manera que, de entrada, el sistema está claramente distorsionado. Y es por esa razón por la que los jueces en las audiencias hacen preguntas que implican claramente que en sus mentes va a haber una responsabilidad del Estado al llegar a la sentencia final porque todo, competencia, fondo y reparaciones se va a resolver en una sola sentencia.

Aunque no conozco en detalle el desarrollo de la audiencia, entiendo que algunas de las preguntas de los jueces al gobierno colombiano en el caso de Jineth Bedoya sobre eventuales reparaciones fueron consideradas por la defensa como prejuzgamiento, y probablemente lo eran. Como la Corte pretendió seguir adelante con el caso sin haber resuelto la recusación que se presentó contra cinco de los seis jueces (el séptimo es el juez colombiano que no podía estar presente porque la Corte hace años por vía reglamentaria cambió ilegalmente la Convención), la defensa consideró prudente retirarse de la audiencia.

No se trató de ir contra los derechos de una víctima de graves atropellos cometidos por paramilitares, como han pretendido presentarlo algunos, sino de defender el debido proceso legal y, por esa razón, el gobierno le propuso a Bedoya hacer un arreglo extrajudicial. La Corte se vio forzada a resolver la recusación antes de seguir adelante y el gobierno aceptó la decisión. El ejercicio de los recursos legales no puede considerarse un atentado contra las víctimas.

Ahora se trata de vigilar que el proceso siga desarrollándose como lo ordena la Convención y, llegado el caso, se haga una audiencia final para el caso de las reparaciones.