Se aproximan las elecciones presidenciales del 2026 y con ellas, la posibilidad de encaminar al país en una mejor trayectoria económica. Hasta ahora, la candidata Vicky Dávila nos ha ofrecido la propuesta más audaz y llamativa en ese sentido. Consiste en recortar drásticamente nuestros tres impuestos principales, estableciendo una tasa fija del 10% a todas las rentas personales y corporativas, así como un IVA del 10%.
Según la candidata, son tan enormes los recursos que deja de captar el Estado mediante las exenciones, deducciones y otros tratamientos tributarios especiales vigentes en nuestro país, que eliminar todas estas políticas haría viable una reducción drástica de las tasas básicas sin reducir los ingresos del fisco. Los beneficiarios de aquellos privilegios los perderían, pero la población general pagaría impuestos mucho menores y más predecibles, librando así a la economía de todas las distorsiones que genera nuestro sistema impositivo y nivelando la competencia entre todos los sectores.
Gracias a los esfuerzos del exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, empleando datos del Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2022, tenemos evidencia suficiente para aproximar algunos de los impactos del plan 10-10-10 sobre el recaudo. De haberse aplicado en el año 2021, la implementación de un IVA único del 10% habría generado ingresos de 72.8 billones de pesos, un incremento leve frente a los 69.9 billones recaudados con nuestro IVA actual. Sin embargo, aplicada a nuestro impuesto de renta corporativa, la misma política habría reducido el recaudo de 54.4 billones a 22.7. Entre el IVA y la renta corporativa, entonces, habríamos dejado de recaudar alrededor de 28.8 billones de pesos. Proporcionalmente a nuestros niveles actuales de recaudo, podríamos anticipar un impacto parecido en el año 2024.
Para compensar esa diferencia, el Estado tendría que depender de un incremento masivo en el recaudo del impuesto de renta a personas naturales. De ser viable, esta sería una transformación positiva. El consenso general entre los economistas es que es preferible grabar a las personas naturales y no a las empresas, de cuyas inversiones depende cualquier economía de mercado.
Hoy en día, la gran mayoría de los colombianos no paga impuesto de renta, y quienes lo hacen pueden llegar a pagar tasas marginales de hasta el 39%. Una tasa única del 10% sería extremadamente atractiva para los trabajadores altamente capacitados, mucho mejor que las de cualquier economía latinoamericana comparable, incentivando así la llegada de capital humano extranjero y la permanencia de los colombianos más productivos en el país.
Por otro lado, el nuevo impuesto aplicaría a una población mucho más grande que el actual, imponiendo un costo relativamente bajo a todos los empleados formales del país, que representan alrededor del 45% de la fuerza laboral. Por su parte, al igual que ahora, los trabajadores informales seguirían pagando impuestos principalmente mediante el IVA.
¿Esta ampliación de la base del impuesto de renta sería suficiente para generar los recaudos adicionales que necesitaría el estado bajo el 10-10-10? Para saberlo a ciencia cierta, necesitaríamos considerar una amplia variedad de factores, incluyendo la reducción del recaudo de quienes ya pagan impuesto de renta, la reducción potencial de la evasión del mismo, y el tamaño real de la base ampliada. Se necesitaría una investigación mucho más exhaustiva de la que puedo ofrecer en este espacio.
Independientemente de esa incertidumbre considero que, bajo ciertas circunstancias específicas, el 10-10-10 podría ser absolutamente viable y positivo para el desarrollo del país. En la siguiente entrega de esta columna, exploraré aquellas circunstancias.