En la entrega anterior de esta columna, abordé la propuesta tributaria de la candidata Vicky Dávila denominada el 10-10-10, que consiste en implementar una tasa única del 10% para el IVA, así como para los impuestos de renta a las personas naturales y las empresas. Conllevaría varios impactos positivos, como lo son la simplificación tributaria, la nivelación de la competencia entre sectores productivos y la generación de condiciones más atractivas para la inversión y el capital humano en el país. Sin embargo, su impacto sobre el recaudo es incierto, por lo que no sabemos cuán sostenible sería bajo nuestras actuales condiciones de gasto y endeudamiento.
El modelo 10-10-10 ya fue implementado con éxito en Paraguay, un país cuyo crecimiento se ha asemejado al de Colombia en los últimos veinte años y cuyas condiciones fiscales son considerablemente mejores. De implementarse el modelo en nuestro país, sería razonable anticipar recaudos superiores a los paraguayos, considerando que gozamos de una menor tasa de informalidad laboral y, por lo tanto, una base potencial más amplia para el impuesto a la renta. Aun así, no podemos ignorar que el sistema tributario paraguayo recauda alrededor del 11% del PIB, aproximadamente la mitad de lo que recauda el actual sistema colombiano. El 10-10-10 funciona en Paraguay, en gran medida, porque el estado paraguayo es mucho más liviano que el colombiano.
Ante las condiciones fiscales delicadas que recibirá el próximo gobierno, Colombia necesita garantías robustas de responsabilidad presupuestal. Debemos evitar caer en la trampa de la primera ministra Liz Truss en el Reino Unido, cuya propuesta de recortar impuestos drásticamente sin reducir sosteniblemente el gasto público profundizó la desconfianza de los mercados financieros y resultó, finalmente, en la crisis política británica del 2022.
Antes de proponer reducir drásticamente los impuestos, necesitamos reducir el exceso estatal financiado por los mismos. Ante una crisis mucho mayor que la colombiana e inducida por casi dos décadas de hegemonía política populista, el éxito de Javier Milei en Argentina se debe a que alcanzó el superávit fiscal, combatió la inflación, y aprobó reformas estructurales para estimular el crecimiento antes de reducir drásticamente los impuestos, asegurando así la sostenibilidad del plan económico.
A partir del 2026, Colombia debería seguir una hoja de ruta parecida. Primero, debe eliminar la mayor cantidad de derroche posible sin sacrificar inversiones críticas en infraestructura, seguridad o servicios sociales. En segundo lugar, debería realizar un proceso exhaustivo de simplificación regulatoria, comenzando por eliminar todas las barreras al crecimiento que erigió el petrismo y siguiendo el ejemplo de la Ley Bases en Argentina.
En tercer lugar, debería aprovechar estos avances para valorizar las empresas públicas del país, permitiendo así su privatización parcial a precios elevados. En este sentido, el caso de la empresa energética YPF en Argentina debe servir de inspiración. A finales de mayo de 2022, cuando gobernaban Iván Duque en Colombia y Alberto Fernández en Argentina, una acción de Ecopetrol valía casi cuatro veces más que una acción de YPF. En diciembre de 2024, con los gobiernos de Gustavo Petro y Javier Milei, una acción de Ecopetrol vale menos del 20% de una acción de YPF. Como demuestra el caso argentino, la catástrofe colombiana se puede revertir en pocos años.
Bajo esas condiciones, un programa de privatizaciones sería suficiente para reducir la deuda pública a su mínima expresión, generando ganancias anuales de más de 100 billones de pesos para el fisco. Solo entonces podríamos garantizar suficiente espacio fiscal para implementar el diez de Dávila con plena confianza.