La presentación del proyecto de reforma tributaria fue un detonante para despertar un gigante que hibernaba desde que comenzó la pandemia; algo parecido a lo que está sucediendo, en menor grado, estaba viviendo el país en ese entonces con protestas sociales, paros de taxistas, de maestros, mingas en marcha…en fin, una serie generalizada de reproches de toda índole frente a la situación del país. Por ello, con el retiro del proyecto de reforma tributaria del Congreso de la República, no fue suficiente para calmar los ánimos; por el contrario, el anuncio de un nuevo proyecto, los mantiene caldeados; el “enroque” ministerial pareciera no ser suficiente; además, de las protestas dormidas que se han ido despertando: los taxistas contra las plataformas virtuales, los reclamos a la reforma a la salud, del magisterio y otra serie de insatisfacciones sociales que vienen de tiempo atrás.

Por todo ello, opinamos que lo mejor habría sido tomar el “toro por los cuernos” y de una vez, haber aprovechado el momento para una convocatoria nacional, a todas las fuerzas políticas y sociales, con un replanteamiento total del Gobierno, dando participación a las diferentes organizaciones políticas, con sus mejores hombres.  Eso es lo que se hace en todo el mundo cuando se requiere dar oxígeno a un Gobierno, desgastado por el manejo de la pandemia, por el ejercicio del poder y por los yerros notorios como el que se acaba de sortear. 

El problema de orden público continúa en todo el país y se acentúa en algunas zonas como en Cali, Medellín, Popayán, Manizales y los municipios que conectan con Bogotá. El Gobierno ha emprendido una labor de diálogo que debe extender a todas las fuerzas sociales, que es la mejor manera de llegar a entendimientos. Ojalá no sea necesario llegar al estado de excepción que algunos reclaman, si no se torna estrictamente necesario para conjurar la crisis de seguridad pública.

La Constitución garantiza el derecho a la protesta pacífica de los ciudadanos. Este derecho se mantiene aún en tiempos de pandemia. De otro lado, la fuerza pública tiene, por la misma carta política, el deber de proteger a los ciudadanos en su vida, honra y bienes. En las protestas se infiltran los vándalos y anarquistas, formando una mezcla explosiva que la autoridad no ha podido conciliar. Hay que atender ambos frentes y hacerlo acertadamente. En esto consiste el arte de gobernar. Si el responsable no es capaz debe ceder su lugar.   Lamentablemente se registran una gran cantidad de muertos y heridos, tanto de las fuerzas de seguridad, como de jóvenes que participan en las protestas. Contra la barbarie que hemos visto, atentando contra la vida y patrimonio de las personas y de los miembros de la fuerza policial, destruyendo la infraestructura pública y los bienes de los comerciantes, hay que ser implacables y reaccionar con todo el rigor, como ordena la Constitución. Con razón, organismos internacionales como la ONU y la UE han manifestado su preocupación por lo que está pasando en Colombia.

Es el momento de unirnos los colombianos hacia los propósitos comunes que nos han mantenido en esta nación, para que sea un espacio donde todos podemos convivir y afrontar civilizadamente los problemas que nos depara el devenir.