La ola criminal que tiene lugar en varias regiones, pero con especial fuerza en el departamento del Cauca -en donde siguen siendo asesinados nuestros indígenas- no puede continuar. El horror de lo que pasa debe conmover a la sociedad colombiana -que no puede ser indolente- y por supuesto al Estado y sus competentes órganos, pero no solamente con el objeto de condenar y rechazar lo que ocurre -como en efecto se debe hacer-, sino para prever, instrumentar y adelantar de manera oportuna  las acciones necesarias –inclusive, si fuere absolutamente indispensable, las de carácter extraordinario que la Constitución contempla-  para prevenir y contrarrestar la actividad de las organizaciones y bandas delictivas que operan en la región; restablecer el orden público quebrantado; proteger la vida, la integridad y los bienes de los habitantes; hacer posibles y efectivas las capturas de los autores materiales e intelectuales; adelantar las investigaciones y los procesos respectivos, entre otras finalidades inmediatas. Subrayo: inmediatas. Porque se trata de una situación particularmente urgente y grave, y porque cada día que pasa es un peligro: otros indígenas y comunidades pueden ser atacados por los asesinos.

Ahora bien, el Estado debe asumir también tareas de la mayor importancia para que cuanto se haga en materia de orden público y protección actual no se quede en solución temporal y precaria, sino para que la verdadera paz se consolide en esa y en otras zonas del territorio colombiano. Ya hay unos compromisos derivados del Acuerdo de Paz, y unas normas que –si bien fueron objeto de justificada discrepancia de muchos sectores- ya están en vigor, son una realidad, y además -pese a todas las deficiencias e incoherencias de los fallos proferidos- en su mayor parte fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional. Debe actuarse con efectividad en la lucha contra el narcotráfico, en la sustitución de cultivos, en las oportunidades de los indígenas y campesinos, en la recuperación -por parte de las víctimas- de las tierras de las que fueron despojadas y desplazadas durante el conflicto armado.

Eso tampoco es suficiente. Más allá del cumplimiento del Acuerdo de Paz, la población en general requiere mayor atención por parte del Estado, y la fijación de políticas públicas y planes de mayor aliento en materia económica y social; en salud, seguridad social, educación, trabajo, garantías laborales y mayores oportunidades de empleo y actividad agrícola bajo el cuidado y con la colaboración de las autoridades. Es claro que, durante muchos años, la población ha sufrido el abandono, y por ende, ha sido caldo de cultivo para el delito y para que la delincuencia del narcotráfico se haya aprovechado de la situación.

Reiteramos: es indispensable dar cumplimiento a los principios constitucionales. La paz es un derecho y una obligación de todos, como lo estipula el artículo 22 de la Constitución; el Estado Social de Derecho (Arts. 1 y 2 de la Carta) debe ser realidad y no mera expectativa y, como advirtió con fortuna el parágrafo vigente del artículo 334 superior, al interpretar el famoso concepto de sostenibilidad fiscal,  “bajo ninguna circunstancia, autoridad alguna de naturaleza administrativa, legislativa o judicial, podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva”.