El Dios Janus de la mitología romana que era la divinidad protectora del Estado se caracterizaba por tener dos caras: la una miraba al pasado, la otra hacia el porvenir.

El gobierno del presidente Duque en lo que tiene que ver con las políticas agrarias tiene grandes semejanzas con el Janus bifronte romano. Muestra también dos caras: la una mira hacia el pasado, la otra al futuro.

La que mira hacia atrás es la que deliberadamente hundió en la última legislatura el proyecto de ley sobre jurisdicción especial agraria; la que vive pendiente sobre cómo agradar a las fuerzas más retardatarias que lo acompañan y que son las que le hablan al oído sobre políticas de tierras; las que quieren desconocer el carácter inalienable de los baldíos para entregarlas a grandes conglomerados, olvidando que estos solo pueden ser entregados para fines de reforma agraria, según la ley y la constitución, a los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente; las que quisieran que los acuerdos de La Habana se cumplan en provecho de los acaparadores. Son las fuerzas enemigas de la ley de restitución de tierras a la que permanentemente tratan de sabotear. Son, en fin, las fuerzas anacrónicas del pasado hacia las cuales mira permanentemente el gobierno Duque con el deseo de complacerlas en todo momento.

La cara del Janus bifronte que mira hacia adelante es la que salió a relucir esta semana con la presentación de los 16 programas previstos en el punto número uno de los acuerdos de La Habana. Estos acuerdos previeron que a los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente debía entregárseles durante el post conflicto no solo “la tierra pelada”, sino acompañada de 16 ambiciosos programas de inversión en bienes públicos para la ruralidad (riego, asistencia técnica, educación rural, vivienda rural, comercialización, etc.) que, de ejecutarse, transformarían la fisonomía de las zonas rurales del país haciéndolas más equitativas y productivas.

Ese fue el gran diseño que quedó consagrado en el punto número uno que, no sobra repetirlo, no se pensó en provecho de las Farc sino de los campesinos marginados. Todos estos planes irían acompañados de un Fondo de tierras que debe distribuir 3 millones de hectáreas entre campesinos “sin tierra o con tierra insuficiente” y de un ambicioso programa de formalización de la propiedad agraria, pues más del 60% de las tierras que se trabajan en nuestro país no cuentan con escrituras.

Es una verdadera revolución pacífica la que se pactó allí para transformar las estructuras agrarias del país durante el periodo que se conoce como el post conflicto. Tirios y troyanos coinciden en que el conflicto colombiano hunde sus raíces en la alta concentración de la propiedad rural y en los índices de pobreza y marginalidad de las gentes del campo que ilustró dramáticamente el último censo rural.

Hay que decir que a la puesta en marcha de los 16 planes previstos en el punto número uno de los acuerdos de La Habana poca atención se le ha prestado. Comenzando por el gobierno anterior cuyo ministerio de Hacienda les dio una displicente atención presupuestal. Y el actual gobierno, que solo hasta ahora, a un año de terminar su mandato, parece acordarse de ellos. Lo que se ha preparado ahora son 16 documentos sin ningún recurso presupuestal concreto para darles carne y hueso. El gobierno se limita a decir que la ejecución de esos planes vale $100 billones que por supuesto no existen en este momento. Y agrega que los programas de desarrollo rural se deben ejecutar hasta el 2031. Es decir: es un material que este gobierno presentará seguramente en el empalme con el que deba sucederlo.

Pero, bueno, al menos el gobierno Duque se acordó de los 16 programas de desarrollo rural consagrados en los acuerdos de la Habana. No para empezar a ejecutarlos sino para dejarle una memoria al próximo gobierno. Algo es algo.

Por el momento queda sin responder la pregunta fundamental: ¿en política de tierras y de ruralidad cuál de los dos rostros de Janus va a prevalecer en estos meses que le quedan al gobierno Duque?