La Confederación General de Trabajadores, la Confederación de Trabajadores de Colombia, las centrales obreras, movimientos estudiantiles y organizaciones sociales y políticas han anunciado para el próximo 21 la realización de un paro nacional que tiene como motivación pronunciarse en contra de la reforma laboral, pero todavía no hay un proyecto de esas características.

Lo que se conoce son unas declaraciones de la Ministra del Trabajo sobre las bases que contendría la eventual reforma y la propuesta de algunos gremios sobre un salario para los jóvenes equivalente al 75% del salario existente. Del mismo modo, sus promotores se refieren también a la adopción de un salario diferencial por regiones, a la contratación por horas y la supuesta eliminación del salario mínimo.

En el mismo sentido, sus convocantes dicen que se busca eliminar las pensiones como derecho de los trabajadores y convertir a Colpensiones en un fondo privado. También se invoca como motivación unas privatizaciones, la subasta del espectro radioeléctrico, las tarifas de la energía para sanear la deuda de Electricaribe, la Ley de Financiamiento Fiscal -rebajas de impuestos a las grandes empresas-; los acuerdos con Fecode, los trabajadores estatales y los estudiantes, entre otros puntos.

El presidente Duque, por su parte, ha dicho que a la fecha no existe ningún proyecto de reforma laboral o pensional, que, además, deben pasar primero por la mesa de concertación laboral, que no va a disminuir el salario mínimo y que busca un salario justo para los colombianos. Agrega que su gobierno no apoyará el aumento de la edad para pensionarse, lo mismo que el incremento de las cotizaciones y que tampoco busca afectar a Colpensiones.

De acuerdo con las posiciones anteriores, que son discordantes, la pregunta que surge es ¿falta de diálogo social? El paro no se debe inspirar en puras formulaciones hipotéticas o en versiones callejeras. Hay que reconocer que en un país tan desigual como Colombia y con tantas necesidades insatisfechas siempre habrá motivos para la protesta, y cuando esta es pacifica se trata de un derecho que nos garantiza a todos la Constitución Política. Pero se debe evitar que este mecanismo se desgaste en su utilización y sus demandas no sean oídas, vale decir, para que no quede como una expresión más de inconformidad social.

En Colombia es necesario crear empleo de mejor calidad, avanzar en la afiliación de los trabajadores a la seguridad social para garantizar la sostenibilidad del régimen pensional e incrementar el recaudo para la atención de los programas sociales, dicen las recomendaciones de la OCDE.

Lo anterior significa comprometerse con mejores prácticas administrativas y el rediseño y adecuación de las políticas públicas para que vayan en esa dirección; se requiere, ante todo, de un proceso de fortalecimiento de la institucionalidad que nos permita avanzar en la construcción de una sociedad más equitativa y con mayores niveles de justicia en la que se garanticen los derechos de los ciudadanos. Ello también debe ser tenido en cuenta por los organizadores del paro.