El editorial de un diario capitalino tituló: “Venezuela camino a la dictadura”. No señores: en Venezuela hay una dictadura y desde hace tiempos.
Cuando la oposición ganó las elecciones en 2015 y obtuvo mayoría en la Asamblea Nacional (AN), el Gobierno de manera ilegal modificó la composición del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el que se apresuró a anular la elección de tres diputados para quitarle a la oposición la mayoría absoluta de 112 diputados que le hubiera permitido tomar medidas como convocar a una asamblea constituyente o reformar la Constitución, aprobar leyes orgánicas, nombrar y remover a los magistrados del TSJ, a los miembros del poder ciudadano (que controla la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República),a los miembros del Consejo Nacional Electoral o someter a referendo aprobatorio las leyes. Demasiado poder que el régimen no podía tolerar.
De ahí en adelante, el TSJ se dedicó a anular todas las decisiones de la AN.
La oposición se dejó inducir a un “diálogo” (bajo las alas del nuncio y de Colombia) que pronto quedó en la estacada. Cuando la AN emprendió la campaña de revocar a Maduro, otro “diálogo” (bajo las alas de la Santa Sede y de los expresidentes Zapatero, Torrijos y Fernández) lo impidió.
Sin contar los de la época de Chávez, desde que asumió Maduro en 2013 se ha detenido y en algunos casos condenado a 107 presos políticos siendo Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos y dos estudiantes que pidieron refugio en Colombia y fueron devueltos a su país en violación de la Convención de Refugiados, los más connotados.
Más recientemente, frente a las solicitudes de Almagro y las reuniones de la OEA, el inefable TSJ suspendió la inmunidad de los parlamentarios y asumió los poderes que le corresponden a la AN. La condena a semejante autogolpe de estado por la ONU, la Unión Europea y 15 Estados latinoamericanos, incluso Colombia, el retiro de los embajadores de Perú y Costa Rica y el llamamiento a otros como el de Colombia, el manifiesto de 22 exjefes de estado latinoamericanos -incluyendo a todos los colombianos con la obvia excepción de Samper-, y el rechazo de la Fiscal general venezolana hicieron que el TSJ echara reversa a semejante atropello.
Cuando todos los poderes del Estado están controlados por el Ejecutivo desaparece el sistema de pesos y contrapesos que caracteriza una democracia y se consolida una dictadura. Esa dictadura ha llevado en Venezuela, la campeona del socialismo del siglo XXI, a la escasez y a la miseria. El pueblo se muere de hambre y faltan las medicinas. De ahí que sea tan importante que la OEA aplique en su reunión de hoy la Carta democrática. Eso no va a tumbar a Maduro, porque un régimen corrupto y narcotraficante donde sus líderes arriesgan la cárcel, no se cae por eso. Pero al menos es una muestra de solidaridad de los países americanos con el pueblo, ya que no con el gobierno, venezolano.
La violación de territorio colombiano por Maduro llenó la copa de nuestro Gobierno que les había pasado otras incursiones de soldados venezolanos, el cierre arbitrario de la frontera, el maltrato a los colombianos y los insultos al país. Por fin ahora nos sumamos a los gobiernos decentes en la OEA.