Injusticia procesal
El caso de Sigifredo López es, de lejos, uno de los episodios más vergonzosos de la administración de Justicia en nuestro país. Que un Fiscal de la República, en vez de velar porque la justicia procesal utilice métodos correctos ceñidos con la dignidad humana y la democracia política, se haya empeñado en manipular pruebas y ensañado en construir testimonios a su amaño para comprometer a un inocente, clama por correctivos ejemplares que devuelvan la credibilidad y la confianza en lo que Aristóteles llamaba “justicia según derecho”.
Es de alabar que el Fiscal General haya dado la cara y finiquitado el exabrupto, pero quedó en deuda en cuanto trata de disculpar a su subalterno, el Fiscal 38, quien en vez de haber actuado en forma imparcial, desinteresada y cuidadosa conforme lo demanda la majestad de su cargo, en forma osada y arbitraria trató de comprometer al imputado haciéndolo víctima de una clara y evidente injusticia procesal, aprovechando lo que algunos llaman “zonas grises de la justicia relativa” u otros el “escepticismo de los hechos”.
Es aberrante comprobar cómo el fiscal de marras al ver caer su prueba tecno-científica por endeble y poco sustentable, corrió a construir su andamiaje de villanía manipulando los cargos testimoniales, convencido kantianamente de que la justicia no era producto de las disposiciones sociales sino de la mera voluntad humana.
Obviamente en medio de la explosión mediática en que vivimos, no fueron pocos los informativos que se hicieron eco irresponsable de las burdas patrañas que se escenificaron, propiciando un verdadero linchamiento moral del exdiputado. Aquí cabe una profunda reflexión sobre el papel que cumple la prensa en el cubrimiento de estos eventos en que se compromete la honra de sus compatriotas.
Precisamente esta semana se ha establecido que el Estado colombiano pagó más de cien mil millones de pesos por demandas a causa de injusticias procesales. En otras palabras somos los colombianos los que pagamos los platos rotos. Y saber que ningún colombiano está libre de convertirse en víctima de tamaños desaguisados. Todos esos fiscales perversos se guían por aquello de que “en Colombia a nadie se le niega una orden de captura”. Pero lo más triste radica en que los administradores de nuestra Justicia, en número preocupante, están lejos del ideal platónico de ser los “mejores entre los mejores”, o de comportarse según las enseñanzas del inglés Stuart Mill. “La Justicia es un nombre para ciertas reglas morales que son esenciales al bienestar humano y las mas obligatorias como guías de vida”.
No pocos de esos funcionarios han llegado a sus posiciones mediante compadrazgos politiqueros y carecen, infortunadamente, de los conocimientos y la experiencia que les habilita con el rigor y el criterio jurídicos necesarios para tan delicada misión.
Señor Fiscal General: el futuro de nuestro sistema acusatorio depende de la voluntad con que usted proceda a fin de poner remedio a los abusos evidentes de fiscales sin escrúpulos. Usted, que gusta ser calificado de “garantista”, debe garantizarles a los colombianos que aquí el debido proceso conduce a una adecuada decisión moral, como lo enseñaban los griegos en la Academia y en Liceo, portales de nuestra civilización.