Una de las habilidades claves para el éxito y la legitimidad de cualquier gobierno es la capacidad y actitud para escuchar a sus ciudadanos. Esta acción, más que una mera formalidad, es un elemento fundamental de una democracia consolidada. Escuchar a la ciudadanía no solo refuerza la confianza en el mismo gobierno y en las instituciones, sino que previene crisis, permite ajustes, mejora el desempeño y fortalece el tejido social e institucional.

Cuando los gobiernos escuchan a los ciudadanos, las políticas, planes y proyectos se encaminan más a las necesidades y validación de las comunidades, lo que permite mejores resultados e impactos, además de favorecer la rendición de cuentas.

De igual manera, cuando los ciudadanos sienten que sus voces son escuchadas y que pueden contribuir en las decisiones políticas, están más dispuestos a participar en el proceso democrático y a colaborar en la solución de problemas comunes.

Por tanto, escuchar a los ciudadanos permite a los gobiernos una comprensión más completa y precisa de los problemas que enfrentan las comunidades. Lo que impulsa, la formulación de políticas más efectivas puesto que están basadas en las experiencias y necesidades reales de la población, en lugar de ser impuestas desde el centro del poder, sin atención del contexto local.

De otro lado, existen modelos que avanzan mucho más, como es el caso de Suiza, interesante de analizar. Su sistema permite a los ciudadanos participar activamente en el proceso legislativo a través de referendos y plebiscitos. Ello ha resultado en un sistema político que se adapta y mitiga la desconexión entre el gobierno y los ciudadanos.

Ahora bien, aunque ejemplar en su capacidad de involucrar a los ciudadanos, también tiene riesgos, como la posibilidad de decisiones impulsivas, la fragmentación y el riesgo de mantener una gobernabilidad coherente, así como sobrecargar a los ciudadanos con un cuantioso y costoso sistema de convocatorias y procesos públicos. Además, de tener el riesgo de que las mayorías impongan siempre su voluntad, poniendo en riesgo derechos fundamentales, lo que actualmente tiene en debate a las democracias. 

Por tanto, ese modelo, para el caso colombiano, es de difícil adopción en el presente. Pero lo que sin duda si conviene es activar más la participación ciudadana desde el Ejecutivo. 

Sin duda, la escucha ciudadana actúa como una herramienta preventiva contra las crisis sociales. Cuando los gobiernos se encierran, ignoran o minimizan las demandas ciudadanas caminan hacia el error y seguro deben asumir la frustración y el descontento.

Por el contrario, el gobierno receptivo se encarga de promover un ambiente de debate constructivo que facilita mayor participación en el proceso de toma de decisiones, y que ayuda a desarrollar un diálogo mucho más informado y reflexivo. 

Asimismo, escuchar y considerar diversas perspectivas ciudadanas, puede contribuir a disminuir la polarización política, puesto que el enfoque inclusivo favorece consensos y soluciones compartidas, reduciendo las divisiones frecuentes en el ámbito de lo público.

Además de fortalecer la legitimidad, escuchar a los ciudadanos puede mejorar la calidad de la gobernabilidad. Cuando los ciudadanos tienen la oportunidad de contribuir al debate y ofrecer su perspectiva, se generan soluciones más innovadoras y adaptadas a las necesidades locales, lo que incide en la aceptabilidad y gobernanza.

Otro beneficio de escuchar a los ciudadanos es el fortalecimiento de la cohesión social. Cuando los gobiernos abren espacios para el diálogo, promueven el sentido de pertenencia y la colaboración.

Escuchar a los ciudadanos, en diálogos directos, y también a centros de pensamiento, asociaciones, colectivos, gremios, empresarios, es una práctica que fortalece la propia democracia en un proceso continuo de deliberación y toma de decisiones para el beneficio común.