Son variopintas las interpretaciones políticas y mediáticas del plantón de Junts a Sánchez en la votación de la ley de amnistía, que ha dado lugar a la prórroga de un mes antes de que el dictamen de la Comisión de Justicia vuelva a votarse en el pleno del Congreso.

Pero se reducen a dos bandos: Uno, quienes atribuyen a Sánchez un ¡hasta aquí hemos llegado" (ya iba siendo hora de poner en su sitio a Puigdemont). Otro, quienes creemos que se abrirá camino el ¡a ver cómo arreglamos esto!

Lo uno pone en riesgo la amnistía e incluso la legislatura si asumimos que aquella era condición necesaria de esta. Ergo, si la amnistía acaba en el congelador, porque ni Junts ni el socialista Psoe reculan, la legislatura se tambalea. Lo otro es volver a las andadas. Pero un eventual retorno a la complicidad de Sánchez con Puigdemont, o al revés, pasa necesariamente por la claudicación de uno de ellos.

Quienes estamos en el segundo bando desearíamos creer en los residuales escrúpulos socialistas por mantener el texto de la proposición de ley de amnistía en el marco constitucional y la legalidad europea. El pasado enfría esa esperanza. Entre otras cosas porque, al mismo tiempo, Junts tendría que renunciar a su empeño de anteponer el blanqueo político y judicial de Puigdemont al interés de los cientos de personas que esperan beneficiarse con la ley de amnistía, una vez que acabe en el BOE.

Ese es el nudo gordiano del culebrón: el interés particular del expresidente de la Generalitat, huido de la justicia desde 2017 y personalmente expuesto a eventuales importaciones por tres delitos declarados no amnistiables en el texto de la ley (terrorismo, traición y daño a los intereses financieros de la Unión Europea), tal y como salió de la Comisión de Justicia con el apoyo de Junts. Y tal y como ha vuelto a la Comisión después de los siete votos contrarios de los independentistas.

Como es público y notorio, el cambio de posición se produjo tras la publicación de los autos y resoluciones judiciales que en estos últimos días han venido apuntando indicios de que Puigdemont podría acabar imputado ante el Tribunal Supremo (estamos hablando de un aforado) si se probara que dirigió, inspiró o coordinó a los activistas de Tsunami Democràtic en sus violentas algaradas urbanas (octubre de 2019). O se dejó querer por elementos desestabilizadores al servicio de Rusia. O ambas cosas.

De ahí su empeño, como líder fáctico de Junts, en que esas conductas presuntamente delictivas desaparezcan de la ley de amnistía como supuestos no amnistiables. Porque ese era el espíritu de las enmiendas de última hora que su grupo quiso colar en la sesión plenaria del Congreso del martes pasado.

El no del socialista Psoe a tales enmiendas generó el no de Junts al dictamen final de la proposición de ley orgánica que, en consecuencia, ha sido devuelto a la Comisión correspondiente.