Gran revuelo ha causado por estos días el ministro del interior francés, Bruno Retailleau, por una entrevista en la que afirmó que "el Estado de Derecho no es intangible ni sagrado", y en la que señaló que "es un conjunto de reglas, una jerarquía de normas, un control judicial, una separación de poderes, pero la fuente del Estado de derecho es la democracia, es el pueblo soberano”.  

Esto fue interpretado por buena parte del mundo político y jurídico francés, dado el contexto de sus intervenciones en materia de inmigración, y también de lucha contra la criminalidad, como un llamado amparado en la “voluntad general” o “voluntad del pueblo” a desconocer el orden jurídico y las protecciones establecidas en él, para permitir diferencias de trato o excepciones en la aplicación de determinados principios fundamentales para enfrentar estos fenómenos.

Casi inmediatamente el autor de las declaraciones aclaró que en manera alguna quería poner en tela de juicio uno de los elementos axiales de la República francesa, y que su llamado es a modificar ciertas normas para proteger todos los derechos, y a que se respete precisamente por todas las autoridades el Estado de Derecho sin agregarle elementos que, en su criterio, no están incluidos en él.

Su visión necesariamente plantea interrogantes, pues pareciera corresponder al ataque que se hace cada vez más frecuentemente desde los extremos del espectro político cuando el respeto de la constitución, la ley y los tratados internacionales invocados por los jueces en sus decisiones interfiere o dificulta el desarrollo de determinadas políticas.  

La polémica ha servido para recordar que el Estado de Derecho es consustancial a la democracia en un Estado liberal y reposa esencialmente en tres pilares: el respeto de la jerarquía de normas y, en consecuencia, de la Constitución, la igualdad ante la ley y la efectiva separación de poderes, la que implica una justicia independiente y autónoma para hacer efectivo el respeto de la legalidad y de las libertades de todos.

También ha llevado a reiterar que, como lo señalaba el ex primer ministro Laurent Fabius, no hay que confundir el estado del derecho, con el Estado de Derecho. El primero alude a la necesidad de cambio y adaptación de las normas en la sociedad, en función de  dichos pilares y  de las reglas de producción normativa en un “proceso legislativo transparente, democrático, pluralista y responsable” al que refieren los textos de la Unión Europea;  mientras que el segundo sí es intangible y sagrado, pues está basado en un conjunto de valores  que,   en palabras de Thibaud Mulier “se refiere en su contenido a algo que se sacraliza, a saber, la libertad, la dignidad de la persona humana, la igualdad ante la ley...".

Esto último permite reconocer la dimensión mítica que le atribuye Jacques Chevallier a la noción de Estado de Derecho desde la perspectiva de la legitimación del poder, y que parte de la premisa de que en una sociedad democrática dicho poder siempre se encuentra limitado y que los gobernantes no están por encima de las leyes, sino que ejercen una función enmarcada y regida por el derecho y no por el arbitrio.

Tampoco puede olvidarse que el Estado de Derecho no debe darse por sentado, debido a las brechas que reaparecen constantemente en el propio sistema normativo y en la sociedad. Lo cual confirma que aquel debe ser permanentemente afirmado, fortalecido y defendido como baluarte que es de nuestros derechos y libertades.

@wzcsg