PARA responder a los cargos de crímenes contra la humanidad en relación con la sangrienta guerra contra las drogas que libró durante su mandato (2016-2022), el expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte fue capturado ayer y de inmediato entregado al Tribunal Penal Internacional, con sede en la ciudad neerlandesa La Haya.

En el aeropuerto de la capital filipina y tras regresar de un corto viaje a Hong Kong, Duterte fue detenido “en cumplimiento con nuestros compromisos con Interpol" y bajo su custodia, inmediatamente fue embarcado en un avión rumbo a La Haya, donde será entregado a la CPI que le abrió una investigación sobre su letal guerra contra el narcotráfico hace tres años, dijo el presidente Ferdinand Marcos Jr.

"Horas antes de su llegada, Interpol Manila recibió una copia oficial de la orden de detención del TPI (...) Interpol pidió ayuda y nosotros accedimos porque tenemos compromisos que cumplir. Si no lo hacemos, dejarán de ayudarnos con otros casos de fugitivos filipinos en el extranjero", argumento el actual mandatario.

Asimismo, Marcos Jr incidió en que la actuación de Filipinas este martes es "lo que la comunidad internacional espera" de un país democrático. Esta postura contrasta con la de la vicepresidenta filipina e hija de Duterte, Sara, quien ha denunciado que su padre está siendo "trasladado a la fuerza" a La Haya.

"Nuestro gobierno ha entregado hoy a un ciudadano filipino, antiguo presidente, a las potencias extranjeras. Esto es una afrenta flagrante a nuestra soberanía y un insulto a todo filipino que crea en la independencia de nuestra nación", ha dicho en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook.

Así, ha afirmado que "se están negando los derechos fundamentales" de Duterte, dado que "no ha sido llevado ante ninguna autoridad judicial competente" antes de "ser trasladado por la fuerza a La Haya". "Esto no es justicia. Esto es opresión y persecución", agregó la vicepresidenta que ha acusado al Gobierno de "abandonar" a uno de sus ciudadanos y "traicionar la esencia de la soberanía y dignidad".

El detenido exmandatario exigió conocer el fundamento de su arresto, en un video publicado en la cuenta de Instagram de su hija menor, Verónica. "¿Cuál es la ley y cuál el crimen que cometí? Muéstrenme el fundamento legal por el cual estoy aquí", declaró en el video.

Rodrigo Duterte llegó al cargo en 2016 tras una campaña en la que hizo precisamente de esa "lucha contra las drogas" su bandera. Las autoridades del país reconocen alrededor de 6.000 muertos como consecuencia de las operaciones puestas en marcha, una cifra que podría ascender a los 30.000, tal y como alertan organizaciones humanitarias, que han resaltado que la mayoría de ellos fueron hombres pobres, a menudo sin pruebas de su vínculo con el narcotráfico.

Durante su gobierno, Duterte (79 años) instruyó a los policías disparar a matar a los sospechosos de narcotráfico si sus vidas corrían riesgo, e insistió en que la política de mano dura salvaba a las familias e impedía que Filipinas se convirtiera en un "narcoestado".

La investigación del TPI se basa en una denuncia presentada en 2018 por organizaciones no gubernamentales y familiares de víctimas de la "guerra contra las drogas" de Duterte. El propio expresidente retiró a Filipinas del TPI en 2019 en respuesta a las críticas de La Haya, pero el tribunal mantuvo la jurisdicción sobre el caso de las matanzas, así como otro caso de asesinatos en la ciudad de Davao cuando Duterte era el alcalde, tres años antes de ser presidente.