El que rompe paga
“El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”. La disposición transcrita se acuña en el artículo 89 de la C.P., que, armonizada con el principio de solidaridad que consagra el artículo 1 de la misma codificación, constituyen el dolor de cabeza que aflige y con razón al doctor Fernando Carrillo, exconstituyente, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, quien se encomienda a Dios para salvar al Tesoro Público de las cuantiosas demandas que cursan en su contra ante las autoridades judiciales.
El funcionario defensor estima que la gran amenaza tiene como origen un “cartel de abogados dedicados exclusivamente al desangre del Estado” y agrega: “Hemos detectado, ciertamente, multiplicación de procesos”.
La misma preocupación del doctor Carrillo la tienen algunos de los jueces acosados por acciones de tutela que, supuestamente, atiborran los despachos e interfieren el curso de otras acciones provocando congestión y lentitud en la Rama Judicial.
Achacarle la culpa al mensajero que reporta las malas noticias no es razonable conducta, él cumple con su oficio. Los abogados y los ciudadanos que acuden a los estrados judiciales a reclamar la protección que la Constitución depara en un Estado Social de Derecho, no puede censurarse a la ligera. Por ese camino no es extraño que, de un momento a otro, se borre con el codo lo que se hizo con la mano. Ese giro no sería inusitado sabiéndose como se sabe, tal y como lo registra la historia, que el Derecho es maleable y los jueces complacientes.
Si de verdad se piensa que la Constituyente del 91 se concibió para hacer el “revolcón” de la Justicia, no hay por qué temer, pues no es admisible que el país mate el tigre y se asuste con el cuero, esta no es una posición ética.
Para contener la avalancha de demandas que diariamente se promueven contra el Estado lo propio no es denigrar a los accionantes o buscar interpretaciones acomodadas de la ley. La lucha milenaria por el Derecho es la lucha por la justicia y su campo de batalla no es otro que el campo en el que se ejerce el poder. En ese escenario es que debe centrarse la acción de quienes predican la revolución de un Estado Social de Derecho.
Contener los abusos de poder que generan las responsabilidades del Estado es la tarea que debe emprenderse para alcanzar la defensa del Tesoro Público. Por supuesto que no es tarea sencilla, hay que rescatar la ética pública; inculcarla entre los agentes del Estado para que entiendan que la autoridad no se ha constituido para atropellar. El caso de Sigifredo López es un ejemplo que se debe recordar. Ojalá que la víctima, en un acto de solidaridad con su pueblo, renuncie a cualquier indemnización económica por la afrenta.