Fernando Navas Talero | El Nuevo Siglo
Miércoles, 5 de Agosto de 2015

“Caos de inseguridad jurídica que atemoriza”

BITÁCORA DE LA COTIDIANIDAD

Las secuelas del Dr. Pretelt 

 

LA  sentencia C 258 del 2013, por medio de la cual la Corte Constitucional redujo las mesadas pensiónales superiores a 25 salarios mínimos mensuales, de la cual  fue autor el  doctor Pretelt,  sienta un precedente  trascendental, a juicio de varios juristas; unos, directamente afectados por ese fallo, pues a raíz de su ejecutoria sufrieron grave detrimento en su mesada pensional y algunos, más imparciales, todos consideran que esta jurisprudencia se llevó por delante principios fundamentales de derecho, como el de la cosa juzgada, el de los derechos adquiridos y el de la irretroactividad de la ley, entre otros. El asunto se decidirá en la jurisdicción internacional, porque a ella han acudido los afectados con el veredicto de la Corte Constitucional.

La mentada decisión de la Constitucional, y otras semejantes podría considerarse que es resultado de la filosofía del nuevo derecho, no obstante, tal apreciación resulta demasiado generosa. Muchas de las interpretaciones de la Corte responden más a un “realismo jurídico” que a la organización sistemática de principios y valores fieles al ordenamiento superior del Estado, “realismo político-judicial” que, lamentablemente, ha provocado el caos de  inseguridad jurídica que atemoriza a propios y a extraños, inseguridad patrocinada, además, por unos legisladores que suelen amenazar a sus contrarios con “la fuerza de sus leyes”. Y el asunto es  más serio si se anota que la Carta se presta para promover un modelo individualista o un privilegio del interés común sobre el particular, según convenga. Basta revisar la jurisprudencia constitucional para verificarlo; jurisprudencia que cambia cada vez que hay un relevo en las Salas de la magistratura.

Pero la secuela del doctor Pretelt, a la cual se alude, es que, a partir del bochornoso incidente que ahora lo tiene en calzas prietas, hablar con un funcionario judicial se ha convertido en una entrevista tan difícil como la de encontrarse con Juan Manuel en un Transmilenio.

La secuela se traduce en negarle al ciudadano la posibilidad de hablar con el juez o magistrado, de manera que sus subalternos exigen que todo asunto que se quiera tratar con él deba ser por escrito. Una sorprendente reforma al sistema oral que tanto se promueve en el campo procesal. A tal grado ha llegado el antecedente del episodio Pretelt, que ya ¡se proponen reglamentos para regular las entrevistas del público con los funcionarios!

También el episodio ha dado lugar a que se intente reformar el trámite de la tutela, especialmente en cuanto a la revisión de las sentencias por parte  de la corte, revisión que se ha convertido en una “lotería”, pues muchas providencias de ese tenor, arbitrarias en exceso, pasan a ser cosa juzgada, porque no se revisan. La reforma propuesta es toda una escaramuza orientada a despojar al populacho de un recurso judicial que ha resultado efectivo, en algunas ocasiones, para asegurar los derechos en el país de Pinocho.