Una vez más se plantea un proyecto de Reforma Constitucional para introducir la financiación estatal total de las campañas electorales. Infortunadamente, se deja una tronera bien grande al no considerar la financiación de los partidos.

Ya no recuerdo cuántos años llevo sugiriendo la financiación estatal total. Lo he hecho en conferencias, seminarios, clases, libros y reuniones internacionales. Conozco bien los argumentos en contra, de expertos merecidamente reconocidos. Pero he insistido. ¿Por qué?

Es que es bien diferente la situación de una democracia asediada por el crimen organizado, beneficiario de ganancias multimillonarias, con monedas extranjeras a su disposición y toda la liquidez, y la de una democracia en la cual los ciudadanos ricos y pobres, compiten dentro de la legalidad por financiar las campañas de sus candidatos favoritos. Y, aún en ellas, se establecen límites y controles no siempre eficaces, que en no pocas ocasiones han llevado al desastre a los dirigentes políticos, a sus partidos y a sus gobiernos. Bernie Sanders dio ejemplo en Estados Unidos de una campaña financiada con pequeñas contribuciones de muchos ciudadanos. Decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos han desfigurado el sistema y han propiciado situaciones inequitativas y escandalosas.

El tema va y vuelve. No es muy popular. Los ciudadanos no lo entienden bien. No se dan cuentan, por ejemplo, en el caso colombiano, que el crimen organizado es un gran financiador de campañas en todos los niveles. ¿Y la consecuencia? Eso no es gratis. En reciprocidad vienen casos enormes de corrupción, las políticas públicas se deforman, el bienestar común desaparece de los objetivos de los gobiernos, el chantaje se profundiza. El costo para la administración pública es descomunal. Nadie lo cuantifica. Y hay consecuencias que no están en la contabilidad que son aún más descomunales. Son más de cien mil candidaturas que están expuestas a la “generosidad” de narcos, y de eso que el excontralor Maya denominó las empresas político criminales. Es que así el país se ha venido criminalizando y semejante horror tiene un costo inconmensurable.

En mi libro “Narcotráfico, financiación política y corrupción” (ECOE ediciones 2011) recojo testimonios internacionales sobre el tema que resultan muy convincentes. El costo de las campañas aumenta, porque así resulta más conveniente para los “financiadores ilícitos”. Obvio, lo primero que es necesario hacer es mostrar, cómo se pueden reducir esos costos. La primera receta, reducir de verdad el período de las campañas. Y así los de televisión y radiodifusión. Ya los medios impresos no cuentan tanto. Y las sanciones por la menor violación de las normas tienen que ser ejemplarizantes.

La literatura especializada en el tema es abundante. Reitero: un país con la variedad y riqueza de organizaciones criminales no puede aceptar la menor ingenuidad en este asunto. Si queremos preservar, o recobrar la limpieza de nuestra democracia -ya bien deteriorada- es urgente erradicar esa generadora de corrupción, pequeña, mediana y muy grande que es la financiación no-estatal. Claro que existe una parte que es bien intencionada y desinteresada, pero mejor que esa se dirija a fortalecer instituciones que ayuden al buen funcionamiento del sistema político.

¡¡¡Me sorprende que Transparencia Internacional se oponga a la financiación estatal total!!! ¡¡¡En qué país viven!!! Todavía no se han dado cuenta de lo que ha venido sucediendo. Si el sistema político está para la venta pues mucho mejor que lo compremos todos los ciudadanos por medio del tesoro público y no unos cuantos por medio de un tesoro Ilícito.

El nuevo Consejo Nacional Electoral tiene ahí una tarea prioritaria de alta significación. Porque no se trata apenas de mejorar el funcionamiento del proceso electoral, sino de purificar nuestra democracia, de asegurar que no va a continuar penetrada y manipulada por narcos o empresas político criminales como la del senador Castaño.