En la semana que pasó, escuchamos al Fiscal General de la Nación, muy activo en los medios, con comentarios sobre la ley de sometimiento y el Plan Nacional de Desarrollo, dando locuciones como las siguientes: “Por culpa de unas decisiones desacertadas del Gobierno en el manejo del orden público, estamos en una situación de caos en el país”.  En otro espacio afirmó: “Pablo Escobar estaría feliz con esta ley de sometimiento, el cartel de Cali estaría feliz con esta ley de sometimiento…”

Cualquiera diría que son expresiones de un candidato de oposición; pero no, son las del Fiscal General de la Nación, la cabeza y titular de la acción penal en Colombia, con la función de investigar los delitos y acusar ante los jueces, quién según la Constitución Nacional hace parte de la rama judicial del poder público.

En vísperas de introducir la iinstitución de la Fiscalía General en la organización del Estado colombiano, bien avanzado el siglo XX; la ANDI convocó a importantes juristas a debatir sobre los pros y los contras que podría traer incorporar este organismo. Recuerdo que entre los eventuales peligros que se advertían era precisamente, la posibilidad de que la institución se politizara y la persecución del delito en Colombia, se convirtiera en algo selectivo y orientado por designios diferentes a los de la justicia.

Al fin se introdujo en la Constitución, adscrita a la Rama Judicial, al principio con ciertas funciones judiciales en el sistema penal inquisitivo, luego pasamos al acusatorio y al abandono de dichas funciones, quedando solo como titular del ejercicio de la acción penal ante los jueces de la República: investigar y acusar.

Mucho se ha dicho, que ya no tiene razón de ser que la Fiscalía siga adscrita a la rama judicial y menos para convertirse en un crítico político de las actuaciones del ejecutivo; se desdibuja la razón de ser los jueces independientes, que solo deben hablar por sus sentencias, aplicando la ley, sin opinar sobre políticas públicas, fuera de las instancias donde sean llamados por la misma Constitución, como sería en el caso del Consejo Superior de Política Criminal. Anda como clérigo suelto, sin quién lo ronde.

Todo parece indicar que estamos llegando a la necesidad de reubicar la Fiscalía General; nada justifica que permanezca en la rama judicial si ya no toma decisiones judiciales. Lo mejor es que se adscriba al Gobierno Nacional, responda ante la opinión por los aciertos o desaciertos del Gobierno en las políticas públicas encaminadas a la persecución del delito y opine a nombre del Gobierno; sujeta además al control político del Congreso.

Lo que no es sensato es que hoy la Fiscalía se pronuncie políticamente, estando adscrita a la rama judicial, posando de una independencia que ya no requiere y sin estar sujeta a controles de ningún tipo.