Que el desempleo es uno de los problemas que más agobia a muchos colombianos es una realidad irrefutable. Otra realidad igualmente preocupante es la de que más de la mitad de los empleos son informales. ¿Hay algo más frustrante para cualquier persona que, por no tener un trabajo remunerado y digno, no pueda sentirse útil en la transformación tanto de su calidad de vida como la de la sociedad? El Estado siempre puede tratar de suplir la falta de empleo con programas sociales, pero este asistencialismo no ayuda al crecimiento personal de los asistidos y no es sostenible por mucho tiempo.

Y el problema es ya estructural. En las últimas décadas no hemos llegado a niveles aceptables en empleo ni formalidad. Los registros de los últimos 30 años muestran mínimos de 8,83 % en 1995, momento en el cual se desata el peor quinquenio en la historia laboral, con una espiral negativa que conduce a máximos de 20,23 % en el año 2000 cuando se inicia un período de recuperación que nos lleva a mínimos de 8,93 % en el 2015, y hoy con cierto alivio frente a los que se perdieron por la pandemia estamos en 12.3%. Es más, Colombia ha tenido en los últimos años una tasa de desempleo que se ubica entre las mayores de América Latina, mostrando que es un problema estructural que no se resuelve solo a partir del crecimiento económico.

Por todo lo anterior, estoy finiquitando una propuesta para exponer durante los meses de precampaña a la presidencia, en la que desde el gobierno se hará un esfuerzo fiscal facilitado por un reenfoque de los programas sociales vigentes, como familias en acción e ingreso solidario, con el fin de aplicar un robusto programa del “Gobierno como empleador de última instancia” buscando erradicar al máximo posible el desempleo y la informalidad.

La idea general es ofrecer desde el gobierno central empleos para realizar diversas labores productivas como vías terciarias, canales de riego, acueductos, escuelas, programas de embellecimiento de ciudades y parques, programas ecológicos y de guardabosques, etc. Se incluyen además las de la economía del cuidado por sus réditos sociales. Lo importante es que contribuyan al desarrollo socioeconómico del país, buscando que toda persona en edad de trabajar, que quiera hacerlo y no encuentre empleo en el mercado competitivo, se enganche bajo la tutela del gobierno. Tutela que, además del salario y prestaciones sociales, incluye capacitación para el trabajo en general y estudio para los jóvenes en particular. Quien ingrese al programa será libre tanto para su entrada como para su salida cuando obtenga una mejor posibilidad en la dinámica laboral del mercado. De esta manera, gran parte del “gasto social” se convierte en “inversión social”, pues se aplica con propiedad el principio de subsidiariedad.

Finalmente, para lograr el mayor éxito posible, la financiación será a nivel nacional, pero la implementación a nivel regional - comunitario. Las pequeñas comunidades y localidades son las que mejor saben qué proyectos productivos son prioritarios y pueden implementarse.