GUILLERMO FRANCO CAMACHO | El Nuevo Siglo
Domingo, 23 de Septiembre de 2012

J. C. Restrepo

 

Continúa el análisis de Política Integral de Tierras (2011) de Juan Camilo Restrepo Salazar, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural. Un paréntesis para precisar la sugerencia de vincularse el Ministro a las negociaciones entre el Gobierno Nacional y las Farc: materias específicas sin abandonar su cargo en el gabinete presidencial.

Se han definido cinco áreas para las deliberaciones: política de desarrollo rural, participación política, fin del conflicto, drogas ilícitas y víctimas. La contribución del Ministro podría ubicarse en las categorías primera, tercera y quinta y ésta incluiría el tema de los victimarios.

Se examinaron los conceptos de Carlos Alfonso Velásquez sobre estrategia. Lo fundamental es la definición de los objetivos políticos y la subordinación de lo militar so pena de incurrir en la fractura estratégica. Velásquez insinúa que tal defecto se reitera con el presidente Santos: la finalidad política determinante sería lo pertinente a tierras y víctimas y ahí debiera centrarse la acción militar. Es evidente que Velásquez, Salazar y quien escribe, coinciden en que la solución de los problemas agrarios es esencial para el cese del conflicto armado colombiano y la obra referida es un testimonio valioso.

El programa detallado por el Ministro tiene alta concentración en las tierras despojadas a sus legítimos dueños o que éstos fueron obligados a abandonar, ambas acciones con uso de la fuerza, y en la formalización de los correspondientes títulos de propiedad en aras de evitar la repetición. El Estado presta colaboración en la elaboración de las bases legales, es decir, asume la carga de la prueba de modo gratuito y sin intermediarios. Además, al ser deficiente y lenta la justicia ordinaria, establece un sistema legal basado en la justicia transicional complementado con otros arreglos legales, por ejemplo, en catastro y registro. Las prioridades de atención se asignan a mujeres, niños, niñas, adolescentes, comunidades indígenas y afrodescendientes. Se contemplan diversos casos de despojo y restitución porque las variantes son complejas, a más de amplia la gama de despojadores: paramilitares, guerrilla, testaferros, compradores de buena fe exentos de culpa, terratenientes e integrantes de las fuerzas armadas. Los usurpadores tenían conexiones locales, departamentales, regionales y nacionales.

Las medidas y políticas correctivas se basan en la deuda social contraída con quienes perdieron la tierra. Los deudores son los victimarios y, de fallar éstos, el Gobierno Nacional y la sociedad.