La crisis que actualmente enfrenta Bogotá y municipios como Chía, Cota, Funza, Mosquera, Sopó y La Calera, entre otros, atrapados por el agua y en el caos debido a las recientes lluvias, es un hecho que se suma a la realidad de una infraestructura vial rezagada que afecta la movilidad de millones de ciudadanos habitantes de Bogotá Región.

Las inundaciones que paralizan no solo el tráfico, sino también la vida misma de miles de personas, reflejan una vulnerabilidad estructural: la carencia de vías alternativas que permitan a los habitantes de Bogotá y sus alrededores movilizarse sin quedar atrapados. 

Como directora de Fonade, en 2006, tuve la oportunidad de impulsar la elaboración del documento Conpes 3433, una iniciativa que abordamos con un análisis estratégico profundo, voluntad política y la conformación de alianzas con los equipos técnicos de las diferentes entidades. Trabajamos de la mano con el Departamento Nacional de Planeación y otras instituciones clave, para cimentar una infraestructura vial visionaria y necesaria, como lo es la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO), concebida para cubrir una extensión aproximada de 48 kilómetros desde Chusacá hasta el norte de la ciudad. Se concibió para beneficiar, en ese momento, a más de 2.5 millones de personas, mejorar la conectividad y aliviar la congestión en el occidente de Bogotá, permitiendo un desarrollo urbano más equilibrado con las necesidades ciudadanas y a la vez sostenible.

La creación de este Conpes no solo fue una respuesta técnica, sino un compromiso desde el Gobierno Nacional, con el desarrollo sostenible y la conectividad de Bogotá y sus alrededores, apuntando a mejorar la vida de sus habitantes y prepararnos para los escenarios actuales.

La Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) es una opción integral que debería ser actualizada para ejecutarse. La falta de esta vía no solo limita la circulación cotidiana, sino que agudiza las condiciones de riesgo en situaciones de emergencia e impacta en la competitividad de la región.

La movilidad es mucho más que la capacidad de trasladarse de un punto a otro.  Representa la posibilidad de acceder a servicios básicos de salud, educación y alimentación. En días de caos como los actuales, Bogotá y sus municipios vecinos quedan divididos en un antes y un después. Las personas que dependen del transporte público, o que tienen rutas específicas para llegar a sus trabajos, enfrentan tiempos de desplazamiento que se vuelven inhumanos. Para quienes necesitan atención médica urgente, la situación puede ser incluso más grave.

Con la ALO en funcionamiento, Bogotá contaría con una ruta adicional que no solo descongestiona las vías principales, sino que permite el tránsito eficiente en situaciones de emergencia. Es un hecho: la falta de alternativas viales es una carga para la población, deteriora la calidad de vida de todos, y pone en riesgo la vida de muchos.

Sin una vía alternativa, las zonas periféricas enfrentan un aislamiento que agrava la desigualdad. Las comunidades más vulnerables son las primeras en sufrir las consecuencias. El aislamiento tiene un costo social enorme, que afecta no solo a los ciudadanos atrapados en el tráfico, sino a toda la región metropolitana que depende de una Bogotá conectada y funcional.

La ALO, además de ser una solución vial, podría convertirse en un ejemplo de infraestructura verde que ayude a mitigar riesgos ambientales. Bogotá necesita una red vial que responda a las necesidades de hoy y a los desafíos venideros. Más que una simple vía, representa la posibilidad de construir una ciudad preparada. De lo contrario, los habitantes de Bogotá y su área metropolitana continuaremos en el drama y riesgo de la movilidad bloqueada.

Valdría la pena convocar un ejercicio de participación ciudadana, para consultar con los habitantes de Bogotá y el área metropolitana, qué piensan sobre la necesidad de esta vía y su impacto en sus vidas, para confrontar a las ideologías ambientalistas extremistas, que la tiene paralizada.