CAMBIO DE PRIORIDADES

La agenda política del país ha dado un giro de 180 grados. De la obsesión por mantener a Colombia sumida en la esquizofrenia de la guerra, hemos pasado, en los dos últimos años, a la agenda de la solución negociada que promueve el presidente Santos.

Un cambio de prioridades que se ha expresado en la construcción de un marco jurídico para la paz, la ley de víctimas y restitución de tierras, una nueva visión de los derechos humanos, el respeto de la oposición y los líderes sociales, la solución pacífica de los conflictos, como ocurrió en el reciente incidente con los pueblos indígenas del Cauca, y la apertura de espacios para el afianzamiento de la Constitución.

En su discurso de posesión, el presidente Santos dijo que la puerta de la paz estaba abierta, y luego, en consecuencia, se propuso legislar para la paz, sin ablandar su convicción de mantener firme, sin fanatismos, el pulso de la seguridad. Santos cambió la doctrina negacionista del conflicto armado interno y determinó incluir a las víctimas en la lista de prioridades humanitarias del Estado.

El mandatario ha sido reiterativo en señalar que usaría la llave de la paz cuando se dieran las condiciones. Por fortuna, ese momento llegó. Es hora de usar esa herramienta constitucional, sin importar los trinos y truenos de los enemigos jurados de la reconciliación.

El anuncio de la firma, en La Habana, de un acuerdo para iniciar conversaciones con las Farc, al que seguramente se sumarán los elenos, es una gran noticia para Colombia y el mundo.

Pero el Presidente no puede hacer la paz solo. Necesita que las Farc y el Eln hagan demostraciones contundentes de la seriedad de voluntad de paz. Porque lo primero que se debe hacer es reconstruir la confianza colectiva en la salida negociada, luego del fracaso del Caguán. Se necesita, igualmente, que el Estado sea uno solo en este proceso, y que los medios de comunicación acojan la iniciativa y le den una presentación adecuada.

Se requiere mucha responsabilidad colectiva para permitir que el huevo de la paz madure. La Fuerza Pública, respetuosa como es de la Constitución y de su comandante en jefe, acompañará con lealtad este proceso. Los uniformados conocen los horrores de la guerra y la importancia de detenerla en una mesa de negociaciones. Igual actitud de apoyo deberán tener los partidos políticos, tanto de la Mesa de Unidad Nacional como de la Oposición; así como las iglesias, los gremios y el conjunto de la sociedad. Quienes se atrevan a torpedear la paz le harán enorme daño a la democracia.

Diez años de rompimiento de las negociaciones han significado miles y miles de muertos, millones de desplazados y cientos de desaparecidos. Las Farc han perdido a sus comandantes en golpes legítimos del Estado y saben que este es el momento histórico de dar el paso decisivo hacia la reconciliación, precisamente ahora cuando a la paz se le aparecieron los santos.