Las venas rotas
“Mayoría de demandas son a sectores de justicia y defensa”
Un reciente informe especial preparado por la periodista Sonia Rodríguez, en Caracol Radio, daba cuenta el sábado pasado del monto astronómico al que ascienden las demandas formuladas contra el Estado e indicaba que en la vigencia fiscal de 2012 se había pagado por condenas y conciliaciones ¡un billón de pesos!.
Así mismo, se publicó un interesante escalafón de las Instituciones a las que más demandan. Los sectores de justicia y defensa son de los que más acciones soportan, pero sorprendentemente también lo son el ISS, el Fondo de Prestaciones del Magisterio y las Cajas de Retiro de la Policía y de las Fuerzas Militares y, por supuesto, la siempre ineficiente Cajanal.
De modo que al Estado lo demandan no solo por las acciones y omisiones de sus servidores contra los ciudadanos, sino que esos mismos empleados lo demandan para que les pague sus prestaciones una vez han dejado el servicio público. Y no sería extraño que muchos de esos demandantes sean los mismos que como servidores estaban especializados en negar las peticiones de sus ex colegas.
La dramática situación que enfrenta el Estado por las miles de acciones legales en su contra se debe, en su gran mayoría, a simple y llana arbitrariedad de los empleados públicos. Esos que teóricamente se llaman “servidores públicos”, una vez que han sido investidos del poder público, se olvidan de la naturaleza de su función y van por ahí imponiendo su criterio sin más fundamento que su propia soberbia.
Da igual si el ensoberbecido es un soldado o policía que utiliza el arma oficial contra algún ciudadano; o un fiscal que usa las órdenes de captura sin más razón que la de su capricho; o un juez o magistrado que no se preocupa ni por leer las piezas procesales sobre las que debe decidir; o un mandatario local que llevado de su parecer decide cerrar vías o cancelar contratos; o uno nacional que decide usar los poderes de inteligencia del Estado para perseguir opositores o a otros funcionarios públicos, el resultado siempre es el mismo, un daño injustificado infligido por un agente estatal que origina responsabilidad patrimonial reparable monetariamente.
La calentura del desangre de las demandas no está, como lo pregonan algunos funcionarios encargados de responderlas, en las sábanas de los trámites procesales. La verdadera causa está precisamente en aquellas actuaciones que la ley define como fuente de daño reparable económicamente: Fallas del servicio, que en realidad son abusos de poder.
El panorama es más desalentador aún, cuando se observa que la mayoría de las entidades estatales han decidido establecer como política general la de no conciliar las demandas aunque sea manifiestamente obvio que van a perderlas. Semejante decisión no hace sino incrementar los costos, aunque guarde las apariencias temporales del funcionario de turno.
Cómo será de grave la situación de las demandas contra el Estado, que hasta un Consejero de Estado, actualmente en ejercicio, está reclamando más de 2000 millones de pesos por el “trauma” que le causaron en la Corte Suprema de Justicia al estimarlo “inviable” para ser Fiscal General de la Nación. ¡Qué tal elegido!
@Quinternatte