Confianza… ¿desarmada?
Un homenaje que la alcaldía municipal de Monterrey (Casanare) les rindió recientemente a algunos de los sobrevivientes de las guerrillas liberales del Llano que se desmovilizaron hace 60 años, sirvió para que la prensa nacional registrara el hecho y presentara ese proceso de paz como uno de los pocos que se han realizado exitosamente en el país.
60 años y seguimos en las mismas y por culpa de los mismos. Las organizaciones guerrilleras que se formaron en los años 50, con el patrocinio del Partido Liberal, eran organizaciones campesinas que debieron armarse para defenderse del Estado de la época que se había convertido en una máquina de matar, de desplazar y de despojar de la tierra a quienes no eran del partido de gobierno.
Muchos de los linderos de las grandes haciendas de hoy se forjaron en esas épocas y de esas formas. Y sus dueños son los mismos que hoy se oponen a la ley de restitución de tierras o a las zonas de reserva campesina, o a cualquier forma de reivindicación social para los pequeños aparceros.
En 1953 no se hizo un verdadero proceso de paz, sino una simple dejación y entrega de las armas por parte de quienes las habían empuñado con el único fin de defenderse de la violencia oficial. No tenían, como las guerrillas comunistas que vinieron después, ninguna aspiración a la conquista del poder. Todo lo que esas gentes querían, era, simple y llanamente, que las dejaran vivir en paz.
Pero no lo lograron. El Estado, como casi siempre ha ocurrido en este país, terminó traicionándolos. En Berruecos o en una calle bogotana, o en un avión comercial, o en algún paraje alejado, a quienes han dejado las armas siempre los han matado.
De esa desmovilización de 1953, al gran dirigente Guadalupe Salcedo Unda, lo asesinaron cuatro años más tarde agentes oficiales en el sur de Bogotá. Desarmado y con tiros en la palma de la mano, fue uno de los primeros falsos positivos que registra la historia.
A Pizarro y a una larga lista de dirigentes del M-19 también los mataron las balas oficiales o paraoficiales de épocas más recientes, las mismas que exterminaron la UP, que era un experimento político de reinserción, de los mismos con los que hoy se negocia en La Habana.
Con todos esos antecedentes es apenas entendible que el problema que ahora plantean los futuros desmovilizados, no es si dejan las armas, sino si las entregan. Para la ultraderecha, representada en algunos organismos de control o visibilizada en la “tal lista”, esa perspectiva les hace rasgarse, no las vestiduras, sino las capuchas.
La ultraderecha que así actúa, debería recordar sus patrones estadounidenses de la Asociación Nacional del Rifle (NAR) o del Partido Republicano cuando sostienen que las armas no matan, sino la gente que las dispara. O toda esa doctrina que sostiene que la verdadera esencia del derecho constitucional norteamericano a tener armas es la defensa contra los abusos del gobierno.
Y en Colombia, no hay nada más abusivo que el Estado, no solo por acción, sino por omisión.
@Quinternatte