La cara  judicial

“Habráque ir a buscar jueces penales entre monjes tibetanos”

LA elección de dignatarios de las Altas Cortes, que normalmente ocurre en la primera semana del calendario judicial, ha resultado en la escogencia de Luis Gabriel Miranda como Presidente de la Suprema, Jesús Vall de Rutén de su Sala de Casación Civil,   Rigoberto Echeverry en la Laboral y Fernando Castro en la Penal; Francisco Ricaurte en el Consejo Superior de la Judicatura y Pedro Munar en su Sala Administrativa.

A diferencia de algunos críticos, considero que esas elecciones expresan la autonomía de esas Cortes. No creo, por ejemplo, que la existencia de una demanda contra su elección como magistrados de la Sala Administrativa descalifique de alguna manera a los doctores Ricaurte y Munar. Si el origen de la acción es que pasaron de la Corte en la que trabajaban al Consejo, entonces es obvio que el ataque es más personal que jurídico.

La deducción surge del registro de quiénes históricamente han sido elegidos por las Cortes en el C. Superior: Pablo Cáceres, Pedro Escobar, Hernando Yepes, J.C. Ortiz y Francisco Escobar, entre otros, fueron, antes de serlo del C. Superior, magistrados de alguna Corte o de todas. Y a ninguno se lo descalificópor ello. Es entonces un problema de apellidos, no de interpretación, pues la norma no ha cambiado.

Más injusto aún es el ataque contra Luis Gabriel Miranda. Es cierto que en plena época de las agresiones uribistas contra la Corte y de las ternas “inviables”, él y otros candidatos terminaron emparedados entre los bandos divididos, pero esa no es una circunstancia achacable a él, ni a ninguno de los otros candidatos de entonces, Magistrados de hoy.

En contrario, su reconocimiento como presidente de la Corte debe celebrarse como ejemplo de superación a través del duro trabajo que implica la carrera judicial. El doctor Miranda Buelvas es de provincia, de Ayapel (Córdoba), y ha recorrido todos los peldaños de la Rama Judicial, desde el de notificador, donde empezó, hasta el máximo honor que hoy le entrega la República. No hay ningún desprestigio ni oscuridad en esa trayectoria. Al revés, puro orgullo de hacerse a pulso.

El sambenito de la defensa de Carranza que le quieren poner al elegido Presidente de la Sala de Casación Penal, más que una injusticia, es un error, como diría Fouché. Un abogado penalista ejerce su profesión actuando en procesos penales. Criminalizar ese ejercicio por el nombre del defendido, es violatorio de la libertad profesional, sobretodo porque en ninguno de los ataques se menciona violación alguna a la ética o decoro de la profesión en el ejercicio de esa defensa por parte del doctor Castro, que además él ha reconocido y explicado públicamente.

Extrañamente ese tipo de escándalos no ocurren sino aquí, el mismo lugar donde en los más altos círculos académicos se le rinde culto, por ejemplo, a reconocidos penalistas extranjeros como Enrique Gimbernart, Joaquín Ruiz Giménez-Aguilar o Miguel Bajo, sin que los veten por haber sido los defensores de Gilberto Rodríguez y Jorge Luis Ochoa, cuando estuvieron detenidos en Madrid.

Como sigamos por ese camino, habráque ir a buscar los jueces penales, entre monjes tibetanos.

@Quinternatte