Pley Club Colombia

El reciente escándalo que involucró a miembros del Servicio Secreto de los Estados Unidos de América en actividades con mujeres no tan secretas de la animada noche cartagenera, ha servido para que la sociedad colombiana haya puesto a ventilar todas las hipocresías que la caracterizan en torno del tema de la prostitución o de las escort o damas acompañantes, como algunas prefieren ser llamadas.

A los escoltas del presidente Obama, como a cierto expresidente nacional, les pasó lo que les pasó, por conejeros.

Los gringos pretendieron usar su nacionalidad y el poder de sus credenciales de oficiales gubernamentales para excusarse del pago. Y no es extraño que actuaran así, pues están acostumbrados a que en Colombia cualquier persona o institución funcione de acuerdo con los deseos de su país.

La política exterior colombiana siempre ha estado vendida a Estados Unidos de América. Fuimos el único suramericano que los apoyó en la guerra de Irak, o hemos sido su ariete cada vez que necesitan cerrarle el paso a Cuba o Brasil hacia el Consejo de Seguridad de la ONU, o contra nosotros mismos en la posición frente a las farmacéuticas transnacionales.

La Ley Lleras 2.0 es una evidente imposición del Gobierno de Estados Unidos, que así deja en claro la evidente tutoría que ejerce sobre el Estado colombiano para hacerlo adoptar normas que van incluso contra su propio desarrollo, como todas las que ha debido promulgar en la política antidrogas, que de nacional no tiene sino el nombre.

La Lista Clinton es probablemente, junto con las “certificaciones” en derechos humanos y en lucha contra el narcotráfico, el instrumento más afrentoso contra la independencia nacional, pero no el único. Cualquiera que haya tenido contacto con la Fiscalía General de la Nación sabe que en la Unaim, una de sus Unidades más importantes, mandan más los agentes de la DEA que los fiscales colombianos. E igual pasa en la de Extinción del Dominio o Lavado de Activos, donde las decisiones no son monitoreadas por el Fiscal General sino por “La Embajada”.

La extradición, de la que ahora tanto despotrican las autoridades nacionales, comenzó siendo un instrumento de cooperación judicial pero terminó sustituyendo la jurisdicción nacional. Las pruebas se recaudan acá pero los procesos se adelantan allá, omitiéndose el principio de oficiosidad en una evidente renuncia de jurisdicción.

El propio sistema penal que actualmente rige en el país es una imposición estadounidense. El “documento de Santa Fe” que se adoptó en el primer periodo de Reagan, fue el que decidió que “para el mejor desarrollo de las Américas” era necesario unificar los sistemas judiciales con el modelo estadounidense. Y ahí “lo adoptamos”, sin chistar ni una palabra, pero quitándole todo lo bueno de allá y dejándole todo lo malo de acá.

Cuando uno repasa toda la historia nacional, la reciente y la remota, y ve semejante entrega al extranjero -ingleses, estadounidenses, franceses, españoles- a cambio de unos cuantos dólares, tiene que concluir que los analistas tienen toda la razón. El gran problema de este país es la prostitución.

Twitter: @quinternatte